Hermes Soto cumple el lunes cinco años y no tendrá fiesta. Lo pasará en el hospital infantil a donde debe ir a recibir su decimoquinta quimioterapia para tratar el cáncer que padece: un agresivo rabdomiosarcoma en el antebrazo izquierdo.
Pero Esperanza Paz, su mamá, no sabe si la vincristina, el fármaco que le ayuda a inhibir el crecimiento de las células cancerígenas, estará disponible o los enviarán de regreso a casa, en una zona humilde de Ciudad de México, como sucedió a mediados de enero, cuando no recibió su dosis por falta de la medicina.
“La preocupación es que Hermes ya está en la etapa final de su tratamiento. Solamente nos faltan dos ciclos de quimioterapia para terminar”, dijo Paz, quien se gana la vida haciendo artesanías en su pequeña casa ubicada en el sur de la capital, donde vive con Hermes y sus otras dos hijas, de 3 y 10 años.
“(Si no recibe la quimio) es un retroceso total. Puede hacer una recaída. Puede volver a salir el cáncer. El tumor que él tuvo es uno de los más agresivos y puede aparecer en cualquier músculo de su cuerpo”, se lamentó tapándose la boca con la mano.
Hermes forma parte de las decenas de niños que están sufriendo la falta de medicinas para sus tratamientos en México, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador centralizara el año pasado las compras a través de la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de evitar sobreprecios y corrupción.
Ni la Secretaría de Salud ni la Presidencia respondieron a solicitudes de comentarios de Reuters sobre las quejas de los padres.
Hasta ahora, el presidente ha dado respuestas contradictorias a la escasez: ha negado el desabastecimiento de fármacos, pero también lo ha reconocido culpando a funcionarios de hospitales de acaparar medicinas y diciendo que el suministro se ha visto afectado por problemas en China e India.
La escasez no es nueva. Los primeros casos salieron a la luz en mayo del año pasado. Pero con el paso del tiempo, se ha vuelto más difícil de enfrentar para las familias, muchas de las cuales carecen de recursos económicos para comprar los medicamentos en una farmacia cualquiera.
“Antes, el problema (de la escasez) lo resolvíamos con una receta y podíamos comprarlo por fuera. Pero ahora nos fue imposible porque no encontramos (vincristina) por ningún lado”, se quejó Paz, cuyo hijo ya recibió 28 radiaciones y pasó por tres cirugías desde que fue diagnosticado en octubre de 2018.
Ella y otros padres de niños con cáncer han acudido a reuniones con autoridades en la Secretaría de Gobernación y han bloqueado importantes arterias de Ciudad de México para hacerse escuchar, pero las respuestas oficiales no les satisfacen.
“El Presidente nos dice que va a haber un abasto total desde el 1 de diciembre. Pero el cáncer no espera. Si nos esperamos más tiempo, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos van a fallecer? ¿Cuántos van a tener recaídas?”, se preguntó, mientras Hermes intentaba cantar una estrofa de “Believer”, de Imagine Dragons, que decía “Mi vida, mi amor, mi impulso, vino del dolor”.
NO SÓLO CÁNCER
El cáncer infantil es la segunda causa de muertes de niños y niñas en México, de acuerdo a cifras oficiales. Cada año surgen 7,500 nuevos casos en el país y fallecen, en promedio, 2,300 menores. El gobierno mexicano lo ha catalogado como un “problema de salud pública” por la alta mortalidad y el impacto en los familiares del paciente.
El primer día de 2020, el gobierno puso en marcha el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en sustitución del Seguro Popular, que condicionaba la atención sanitaria a los mexicanos por el pago de cuotas y la afiliación al mismo.
El mandatario, que asumió en diciembre del 2018, ha dicho que quiere un sistema de salud pública como el de Canadá o Dinamarca, países que destinan más del 10% de su PIB a la sanidad, mientras México aporta apenas el 5.9%.
“No hemos tenido un sistema de salud de primer nivel pero, desde el cambio de administración, el problema del desabastecimiento ha crecido de manera inmensa. Nunca se había visto una crisis tan grande”, dijo Andrea Rocha, una abogada de 26 años que ha ayudado a los padres de familia con niños enfermos a interponer amparos para que les den las medicinas.
El amparo es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución mexicana, en contra de los actos violatorios de las autoridades.
Rocha, quien trabaja con más de 65 familias con hijos enfermos, dijo que estaba dispuesta a llegar a instancias internacionales si las autoridades no responden a tiempo.
“Vamos a llegar hasta la Suprema Corte si es necesario. Y después, a instancias internacionales para obligar al Estado mexicano a que cumpla con la entrega de medicamentos”, advirtió la abogada que también colabora con el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero no sólo los niños enfermos de cáncer sufren la escasez de medicinas. Los fármacos para los pequeños que han recibido trasplantes tampoco están disponibles.
Es el caso de Diana Melo, que tiene siete años. A los ocho meses fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica por lo que, al poco tiempo, fue candidata a recibir un nuevo riñón. Tras cuatro años de espera, en mayo del 2019 finalmente se lo trasplantaron.
Diana ha pasado 19 veces por el quirófano, pero su madre, Mónica Márquez, asegura que su niña ha aprendido a convivir con la enfermedad. Mientras ella habla, la pequeña juega con su monopatín y unos amigos en la calle frente a su casa.
“Diana va muy bien, la situación es que no hay medicamentos”, se lamentó Márquez, una psicóloga social de 41 años que se gana la vida vendiendo artesanías.
En su departamento, ubicado al norte de la capital, Márquez recordó que, desde el año pasado, ha sentido la escasez de medicinas, pero ha podido sortearla porque acumuló algunas cajas de tacrolimus -inmunosupresor- o por donaciones. También le ha costado conseguir el ácido micofenólico, otro inmunosupresor.
“Son medicamentos muy importantes. Con un día que Diana no lo tome, podría rechazar el órgano”, dijo.
Ante la escasez, la caja de tacrolimus pasó de 2,500 pesos (135 dólares) a 14,000 pesos (755 dólares); un precio imposible de pagar cada dos semanas para familias mexicanas promedio, pero más aún para las de escasos recursos.
“Mi hija puede recaer, volver a dializarse, volver a como estaba antes. ¿Y de qué sirve todo lo que se ha hecho, estos cuatro años de espera (por el riñón), tantos cuidados?”, se preguntó Márquez.
“Siento que lo están minimizando, que están tratando de tapar el sol con un dedo cuando, evidentemente, hay un problema muy grande”, finalizó.
Reuters
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