Las autoridades federales de Estados Unidos preparaban este viernes su decimotercera y última ejecución de una serie sin precedentes, antes del traspaso de poder de Donald Trump a Joe Biden, quien hizo campaña en favor de la abolición de la pena de muerte.
AFP
A menos que la justicia le conceda un indulto de último minuto, Dustin Higgs, un hombre negro de 48 años, recibirá una inyección letal en la penitenciaría federal Terre-Haute de Indiana.
Una noche de enero de 1996, invitó a tres mujeres jóvenes a su apartamento cerca de Washington, con dos amigos. Una de las chicas rechazó sus avances, ante lo cual él se ofreció a llevarlas a casa, pero en lugar de ello se detuvo en un terreno federal aislado.
Allí, según el Departamento de Justicia, ordenó a uno de sus amigos que disparara a las tres mujeres.
En 2000, fue condenado a muerte por secuestro y asesinato. El autor de los disparos fue condenado a cadena perpetua.
“Es arbitrario e injusto castigar al Sr. Higgs más que al asesino”, dijo su abogado, Shawn Nolan, en una solicitud de clemencia dirigida a Trump a finales de diciembre.
Pero el presidente republicano, defensor acérrimo de la pena de muerte, no accedió. Por el contrario, su administración actuó ante la justicia para poder proceder con la ejecución antes de que abandonara la Casa Blanca el próximo miércoles.
Un tribunal había ordenado su aplazamiento alegando que Higgs se contagió de covid-19 y que era probable que sus pulmones afectados por la enfermedad sufrieran mucho en el momento de la inyección de pentobarbital.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato y ganó el caso.
Un último recurso, esta vez relacionado con cuestiones de competencia, sigue pendiente de respuesta en el Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora ha dado luz verde sistemáticamente a las ejecuciones federales desde el verano boreal.
La administración republicana reanudó en julio esta práctica suspendida durante 17 años, mientras simultáneamente los estados posponían todas las ejecuciones para evitar la propagación del virus.
Desde entonces, 12 personas han recibido inyecciones letales en Terre-Haute incluida, por primera vez en casi 70 años, una mujer, que fue ejecutada el martes a pesar de las dudas sobre su salud mental.
Biden, que será investido como nuevo presidente el miércoles, se opone a la pena de muerte y ha prometido trabajar con el Congreso para tratar de abolirla a nivel federal.
Los congresistas demócratas presentaron el lunes un proyecto de ley a tal efecto que tiene posibilidades de ser aprobada en vista de que el partido recuperó el control del Senado.
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