Desde que el actual Gobierno de Brasil asumió sus funciones no se ha aprobado ningún nuevo proyecto de esta fuente de financiación, que sirve para el combate de la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
La disyuntiva entre explotación de los recursos amazónicos y los intereses de preservación ambiental de la mayor selva tropical del mundo se han convertido en una piedra del zapato del actual Gobierno brasileño, en un momento crítico para la selva Amazónica que está siendo devastada por más de 30.000 focos de incendios diferentes detectados solo en el pasado mes de agosto, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).
Diversos líderes europeos cuestionaron las contribuciones brasileñas a la lucha contra el cambio climático durante la cumbre del G20 que tuvo lugar en junio, momento en el que el Gobierno de Brasil sopesaba la alteración en la estructura del Fondo Amazonia, la principal fuente de financiación del combate a la deforestación, conservación y uso sustentable de la selva amazónica.
El ministro de medio ambiente brasileño, Ricardo Salles, apuntó supuestas irregularidades en algunos proyectos del Fondo y, además, propuso que una parte de los recursos se destinasen a indemnizar a los productores que ocupaban tierras de Unidades de Conservación Ambiental. Una opción impensable para Noruega y Alemania, responsables del 99% de la recaudación de los fondos.
Salles afirmó que este dinero se destinaría a «los casos en los que hubiese necesidad de regulación agraria (de propiedad) para disminuir el conflicto entre la conservación y los que viven allí dentro».
Raúl Valle, director de políticas públicas de WWF Brasil, alertó de que las indemnizaciones propuestas podrían tener un efecto contraproducente con el medio ambiente. «No existe estrategia de combate a la deforestación publicada por este gobierno. […] Existe mucha invasión de tierra pública en unidad de conservación en la Amazonia y, si se usan mal esos recursos, podría beneficiar específicamente a quien invade tierras públicas y generar una apertura para la deforestación», declaró Valle.
«Nosotros que trabajamos con cuestiones indígenas desde hace muchos años, hemos visto el desarrollo de una industria de indemnizaciones fraudulentas para personas que ni siquiera habían ocupado nunca esas tierras», explica Ivar Busatto, coordinador general de la organización Operación Amazonia Nativa (OPAN). «Ningún país del mundo va a querer ofrecer recursos para que se paguen esas indemnizaciones. El apoyo que viene de fuera debe promover que los órganos públicos y el resto de frentes estén bien estructurados para dar respuestas de protección de los territorios y de las poblaciones locales en un clima favorable que satisfaga todos los intereses de la región», añade.
El Fondo Amazonia
Creado en 2008, este Fondo consiguió recaudar 754 millones de euros (3.400 millones de reales) que fueron administrados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). «Estos recursos financiaron proyectos que generaron más autonomía de sustento para las comunidades locales, una cierta pacificación de la lucha histórica por los territorios, reducir el hambre, la mortalidad infantil, las enfermedades y permitieron la instalación de redes de comunicación vía radios internas, entre otros beneficios», declara Busatto, que explica que dos proyectos de la OPAN pudieron financiarse con recursos del Fondo Amazonia. Busatto reconoce que, aunque el Fondo Amazonia se extinguiese, la OPAN continuaría ya que existen otras financiaciones alternativas, no obstante «perderíamos un gran frente de acción conjunta para preservar la Amazonia», añade.
«Estamos en un momento de impasse, de retroceso de políticas públicas y de debilitamiento de entidades como la Funai (Fundación Nacional del Indio) –sin ella nuestro trabajo se complica–, o como el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), que tras el recorte de recursos públicos tiene más dificultades para realizar un control de los incendios. Si estas instituciones públicas no tienen dinero para permanecer sólidas, todos perdemos», relata Busatto.
El Gobierno no ha mostrado públicamente ningún signo de lamentación por la posibilidad del cese del Fondo Amazonia e insiste en la importancia de fortalecer la soberanía sobre la selva amazónica. Bolsonaro ha apuntado como amenaza las supuestas interferencias políticas extranjeras y las acciones consideradas contrarias a la posición de su gobierno, como sería el caso del trabajo de una parte de la sociedad civil sobre el terreno.
«Desconozco que haya habido cualquier injerencia internacional (en la aplicación de los fondos extranjeros para la Amazonia). Las donaciones extranjeras son una forma de contribución con las necesidades de la población local y de la selva, siempre han sido aplicadas por y para los brasileños», declara Renato Farias, director ejecutivo del Instituto Centro de Vida y coordinador de los recursos del Fondo Amazonia para esta organización.
Farias subraya que la falta de financiaciones extranjeras para proteger la Amazonia provocará un impacto generalizado. «Vivimos un momento amenazador en el que necesitamos más apoyo que nunca para desarrollar una agenda positiva de protección de la Amazonia», añade.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
