El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha nombrado un nuevo ministro de Salud, pero el cargo sigue en manos de un general y el Gobierno no aclara si habrá cambios en el combate a la covid-19, que ya ha matado en el país a casi 290.000 personas.
Eduardo Davis / EFE
El lunes pasado, Bolsonaro nombró como nuevo ministro de Salud, el cuarto en poco menos de un año, al cardiólogo Marcelo Queiroga, quien aún no ha asumido un cargo que sigue en manos del general Eduardo Pazuello, cuya errática gestión de la pandemia, que comenzó en mayo de 2020, está bajo investigación judicial.
Durante esta semana, Queiroga ha aparecido públicamente en dos ocasiones, siempre como escudero de Pazuello, quien ha sido objeto de elogios constantes de Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que aún no ha explicado los motivos de un cambio que no termina de concretarse.
La salida de Pazuello, sin embargo, era reclamada desde hace semanas por partidos de centro y derecha que controlan el Parlamento y le dan gobernabilidad a Bolsonaro, pero discrepan del negacionismo explícito que muestra frente a la gravedad de la pandemia.
En sus esporádicas declaraciones desde que fue nombrado ministro, Queiroga ha dicho que, como médico, seguirá «las recomendaciones de la ciencia» frente a la pandemia, que está descontrolada en un Brasil convertido hoy en epicentro global de la crisis.
También ha señalado que, una vez en el cargo, buscará consensuar «algunas medidas adicionales a las que se han aplicado», sobre las cuales no se explayó, y defendió el distanciamiento social o el uso de máscaras, que son rechazados abiertamente por el mandatario.
El Gobierno aún no define cuándo asumirá, pero en el paréntesis abierto en Salud, Bolsonaro ha vuelto a embestir contra los cierres de actividades económicas decididos por alcaldes y gobernadores, con quienes Queiroga pretende abrir canales de diálogo.
ABRIENDO FRENTES CON EL SUPREMO, LOS GOBERNADORES Y EL PARLAMENTO
Lejos de esa línea de diálogo, Bolsonaro ha abierto otros frentes de conflicto con el Parlamento y los gobernadores y ha puesto en una posición «incómoda» al Supremo, según dijeron a Efe fuentes de ese tribunal.
Este viernes, a través de la Abogacía General de la Unión, exigió al Supremo que limite los poderes que tienen gobernadores y alcaldes para adoptar medidas que restrinjan las actividades económicas, que buscan contener la expansión del virus.
Fuentes del tribunal dijeron a Efe que «difícilmente» eso será aceptado, sobre todo cuando la Justicia ya determinó que, de acuerdo a la Constitución, son los gobiernos regionales y municipales los que deben decidir sobre esas cuestiones, según sus propias realidades.
También Bolsonaro anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para ampliar las llamadas «actividades esenciales», las únicas no afectadas por las restricciones impuestas localmente.
«Actividades esenciales son todas aquellas que le permiten a un padre de familia llevar comida a su casa», dijo como único adelanto del proyecto que pudiera impedir los cierres por una vía indirecta.
Sin embargo, el clima empeoró y mucho para Bolsonaro en las dos cámaras legislativas, tras la muerte este viernes del senador Sergio Olímpio, víctima de covid-19 a los 58 años.
Olimpio, un político de derechas respetado por todos los sectores ideológicos, fue importante en la campaña de Bolsonaro de cara a las elecciones de 2018, pero luego se distanció del mandatario, quien no se pronunció sobre su fallecimiento.
Fuentes parlamentarias dijeron a Efe que el silencio de Bolsonaro causó un «enorme malestar», que no ha sido expresado oficialmente pero se manifestó en las entrelíneas de algunos pronunciamientos.
El presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, pidió una «unión» de todos los poderes políticos y la sociedad para diseñar «un plan de guerra» y «acabar con esta agonía y la vergüenza internacional», como calificó el colapso hospitalario, que Bolsonaro pone en duda.
En la misma línea se manifestó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien admitió tras la muerte de Olimpio que «muchos están desolados y quieren darle un basta a esta crisis ya».
Ese clima se ha traducido en un aumento de las presiones para la apertura de una investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia, que este viernes contaba con la adhesión de 32 senadores, cuando basta con 27 para instalarla.
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