La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría absoluta sandinista, aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que es rechazada por la banca privada con el argumento de que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
EFE
La enmienda, que prohíbe a la banca cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa, fue aprobada con el voto de 74 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, frente a 14 que votaron en contra, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), esa norma viola el derecho a la libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero, y expone a Nicaragua a quedarse fuera del sistema financiero global.
PROTEGER A SANCIONADOS
Durante el debate, el legislador Byron Jerez, aliado de los sandinistas en el Congreso, explicó que la enmienda busca que el sistema financiero no cierre las cuentas de aquellos nicaragüenses que sean sancionados por Estados Unidos, ni la de sus familiares.
«Los bancos no podrán tomar represalias ni contra mí, ni contra ninguno de los compañeros, ni contra nuestros familiares, cerrando cuentas bancarias», dijo Jerez, que fue director general de ingresos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002) y estuvo preso por corrupción.
Estados Unidos ha sancionado a cerca de 30 funcionarios nicaragüenses, incluido a la esposa del presidente del país, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Jerez criticó a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), cuyos directivos, afirmó, son los dueños de los bancos que operan en el país, porque del 2007 al 2017, movieron 3.500 millones de dólares «supuestamente ilícitos» de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y financiada por el Gobierno venezolano, que fue sancionado el 28 de enero de 2019.
COOPERACIÓN DE VENEZUELA
Jerez, por tanto, reprochó que los bancos callaron cuando movieron esos recursos de Albanisa y de los cuales «obtuvieron beneficios millonarios», y «allí el riesgo-país no estaba en peligro ni decían que Nicaragua corría el riesgo de estar en la lista negra de la GAFI».
«Si los fondos de Albanisa fueron buenos ayer, tienen que ser buenos hoy», alegó Jerez, para quien la critica de Asobanp a la ley es porque «ya ellos no están siendo beneficiados».
Por su lado, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y sancionado por Estados Unidos, Wálmaro Gutiérrez, dijo que la enmienda busca corregir la relación desigual entre el proveedor de servicios financieros y el usuario de los mismos.
Entre otros, dijo, la ley obliga a los bancos a no discriminar a ningún usuario, ni cancelar las cuentas de manera unilateral.
La entidad financiera «tiene que notificar al cliente que se le está cancelando el servicio financiero y justificar la motivación legal y jurídica fundada los motivos por los cuales se le está cancelando el servicio», indicó.
Aclaró que hay excepción en este caso, que es cuando las leyes especiales le impongan una obligación de no notificar a la institución financiera, como es en los casos del combate a la narcoactividad, crimen organizado, el blanqueo de capitales y el combate al financiamiento a armas de destrucción masiva.
BANCOS VEN CONSECUENCIAS
Según Asobanp, la reforma transgrede el principio de autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, al impedirle a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuando cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos.
Por tanto, Asobanp advirtió sobre «el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito» y hasta que Nicaragua sea excluida del sistema financiero global.
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