Los legisladores estatales republicanos están presionando para que los gigantes de las redes sociales enfrenten costosas demandas por vigilar el contenido de sus sitios web, apuntando a una ley federal que evita que las empresas de Internet sean demandadas por eliminar publicaciones.
Los políticos republicanos en aproximadamente dos docenas de estados han presentado proyectos de ley que permitirían demandas civiles contra plataformas por lo que ellos llaman la “censura” de publicaciones. Muchos protestan por la eliminación de declaraciones políticas y religiosas, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Los demócratas, que también han pedido un mayor escrutinio de la gran tecnología, están patrocinando las mismas medidas en al menos dos estados.
El escudo de responsabilidad federal ha sido durante mucho tiempo un objetivo del ex presidente Donald Trump y otros republicanos, cuyas quejas sobre Silicon Valley que sofocan los puntos de vista conservadores se amplificaron cuando las empresas tomaron medidas enérgicas contra las publicaciones engañosas sobre las elecciones de 2020.
Twitter y Facebook, que a menudo son criticados por políticas policiales opacas, dieron el paso adicional de silenciar a Trump en sus plataformas después de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Twitter lo ha prohibido, mientras que un panel semiindependiente está revisando la suspensión indefinida de su cuenta por parte de Facebook y considerando si restablecer el acceso.
Los expertos argumentan que las propuestas legislativas están condenadas al fracaso mientras la ley federal, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, esté en vigor. Dijeron que los legisladores estatales están entrando en territorio inconstitucional al tratar de interferir con las políticas editoriales de las empresas privadas.
Len Niehoff, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, describió la idea como un «no iniciador constitucional».
“Si una plataforma en línea quiere tener una política que borre cierto tipo de tweets, borre cierto tipo de usuarios, prohíba ciertos tipos de contenido, eso es en el ejercicio de su derecho como distribuidor de información”, dijo. «Y la idea de crear una causa de acción que permita a las personas demandar cuando eso suceda es profundamente problemática bajo la Primera Enmienda».
Los proyectos de ley varían ligeramente, pero muchos permiten demandas civiles si un usuario de las redes sociales es censurado por publicaciones que tienen que ver con la política o la religión, y algunas propuestas permiten daños de $ 75,000 por cada publicación bloqueada. Se aplicarían a empresas con millones de usuarios y crearían exenciones para publicaciones que pidan violencia, inciten a actos delictivos u otras conductas similares.
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