En su tercer comunicado, después de que se conociera la medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, su defensa insiste en que continúan filtraciones descontextualizadas que tergiversan la verdad, por lo que pide a la Corte Suprema hacer públic a la providencia.
Por EL TIEMPO
El penalista Jaime Granados, líder de la defensa del hoy senador, insiste en que es falso que Uribe usara a su equipo del Congreso para su defensa y aclara otros puntos. «En otra clara violación a la reserva sumarial, se publicó una noticia con información parcial, tergiversada e incompleta. La defensa de Álvaro Uribe Vélez, en uso del derecho a la presunción de inocencia, se permite precisar lo siguiente:
1. Álvaro Uribe no conoce ni conoció al señor Enrique Pardo Hasche, no tuvo ningún tipo de relación con él, ni tuvo conocimiento real de su intervención en este caso.
2. La totalidad de las interceptaciones a Álvaro Uribe deben hacerse públicas. Quedaría en evidencia que Álvaro Uribe nunca fue el determinador de ninguna acción ilegal y que tampoco conocía los detalles que infieren las noticias. Por esto insistimos en que debe hacerse público todo el expediente.
3. La UTL al servicio de Álvaro Uribe, no ha cumplido funciones de investigación penal o “gestión de pruebas”. Fabián Rojas, miembro de la UTL en 2018, canalizaba la información judicial que se recibía en el congreso con las oficinas de abogados, entre ellas las del suscrito, que prestan sus servicios profesionales al Presidente Uribe. Como es absolutamente normal, a través de él, se remitían los poderes para que los distintos abogados asumieran los distintos casos.
6. A María Claudia Daza, secretaria de la UTL para ese momento, nunca se le asignó ninguna tarea de investigación o de “gestión de pruebas”. La propia Corte investigó unas conversaciones entre la señora Daza y el abogado Cadena, que ni siquiera son referidas por la Corte en su decisión.
5. La conversación del 12 de abril de 2018 entre María Claudia Daza y Fabián Rojas ninguna connotación ilegal tiene. Se trata de un diálogo entre dos compañeros de oficina que, simplemente, confirman que el abogado Cadena había informado que Monsalve había procedido a decir la verdad.
6. El Espectador descontextualiza por completo el sentido de la conversación telefónica sostenida el 21 de marzo de 2018, entre el abogado Cadena y Fabián Rojas. En la misma, contrario a lo que sostiene el medio de comunicación, no se están refiriendo a la revisión de ningún documento relacionado con una retractación del testigo Monsalve, sino a un memorial preparado por la oficina del doctor Jaime Lombana en el marco de un incidente de desacato que había formulado un tercero dentro del proceso de tutela 201800031, información que es pública y puede corroborarse.
7. En la declaración rendida ante la Corte por Fabián Rojas no existe ningún señalamiento ilegal a las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Es importante que se conozca la totalidad de dichas conversaciones y no fragmentos editados.
8. Hernán Cadavid hace parte de la UTL de Álvaro Uribe Vélez desde el mes de marzo de 2019. No ha desplegado ninguna actividad investigativa o de gestión de pruebas. En agosto de 2018, en su condición de militante del Centro Democrático, le entregaron una carta suscrita por GABRIEL MUÑOZ CASTAÑEDA, que como todos los documentos recibidos y puestos en conocimiento del Presidente Uribe, fue remitida a la Corte.
9. Hoy, 8 de agosto de 2020 ya circulan apartes del fallo de la Corte por redes sociales y está en manos de varios medios. La publicación a cuentagotas, orientada malévolamente por quién sea que lo esté haciendo, sólo pretende perjudicar a Álvaro Uribe, su presunción de inocencia y su derecho al debido proceso.
10. Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tome cuanto antes la decisión de levantar la reserva y hacer público este expediente. Es un caso de interés nacional en
el que los investigados renunciaron explícitamente al derecho de la reserva, como un acto de transparencia frente al país.
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