Vox, el PP y el partido Laócrata apuntan al ejercicio de la acción popular sobre el controvertido caso, pero la justicia ha impuesto fianzas económicas desproporcionadas.
El caso Delcygate continúa generando titulares en España pues ahora la Fiscalía se ha opuesto a la solicitud que ha hecho el partido Laócrata de que se rebaje la fianza de 5.000 euros que el juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal le impuso para poder personarse como acusación popular de la causa por la que se investiga el encuentro clandestino entre el ministro José Luis Ábalos con la número dos del régimen chavista Delcy Rodríguez.
Una diligencia de ordenación de la Administración de Justicia del Juzgado señala que Ministerio Fiscal ha interpuesto un «escrito de oposición al recurso subsidiario de apelación interpuesto por el Partido Laócrata contra el auto de 4 de marzo de 2020 que fijó la cuantía de 5000 euros como fianza para el ejercicio de la acción popular por dicho partido».
El partido Laócrata apeló esta fianza ante el propio juez por considerar la cantidad como “desproporcionada” y no acorde a su capacidad económica, lo que para ellos supone un impedimento para ejercer la acusación popular en este asunto.
El Partido Popular, que también ha hecho la solicitud para poder personarse en la causa como acusación popular, ha recurrido de la misma forma la fianza interpuesta de 40.000 euros, por lo que el juez Serrano Arnal vuelve a solicitar al Ministerio Público que se posicione al respecto, según indica dicha diligencia.
Mientras tanto a Vox, le fue fijada la fianza en 20.000 euros y además se le «requiere que justifique documentalmente la prestación de fianza que alega haber efectuado, toda vez que no existe constancia de tal hecho en este juzgado», señala.
La causa se encuentra paralizada desde el pasado mes de febrero cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid aceptó las querellas de Vox y Laócrata por el encuentro que tuvo lugar en la madrugada del 19 al 20 de enero por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación y desobediencia, ya que contra la ‘número dos’ de Nicolás Maduro pesan sanciones europeas.
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