Álvaro Navarro lleva cinco meses sentándose con cautela ante el teclado de la computadora. Nunca, ni en sus inicios como reportero incisivo y luego como director del medio de comunicación Artículo 66, tuvo que “cuidar tanto” cada palabra que teclea. Desde junio pasado, la situación para él y sus colegas nicaragüenses es “de alto riesgo”, afirma. “Estamos bajo la amenaza de leyes sobre ciberdelitos, de agentes extranjeros y de traición a la Patria. Cualquiera puede ser usada en nuestra contra”, dice el periodista, quien timonea una de las publicaciones con más alcance en el país centroamericano.
Las tres leyes que menciona fueron aprobadas por el Gobierno de Daniel Ortega a finales de 2020. Desde hace cinco meses, en medio del cierre total de los espacios democráticos en Nicaragua, con la liquidación de las elecciones generales tras el apresamiento de los líderes opositores, estas normativas son usadas para acallar las voces críticas. En especial la de los reporteros y sus fuentes de información. “Se ha impuesto un apagón informativo”, define Navarro.
De las tres leyes punitivas, la de ciberdelitos es la que más afecta al trabajo de los periodistas. El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo, que mantiene un ataque sistemático contra los medios de comunicación independientes desde las protestas de 2018, se atribuye con esta legislación la facultad de decidir cuándo una publicación es “noticia falsa”. Además, encañona directamente a los empleados públicos que filtren información estatal, clave para el periodismo en un régimen cerrado. Las penas de prisión que establece la ley de ciberdelitos oscilan entre uno y ocho años de cárcel.
La Fiscalía ha amenazado con esa ley a varios periodistas, lo que les ha empujado al exilio. También lo ha hecho el Ministerio de Salud contra los médicos que han criticado la negligencia oficial en la administración de la pandemia de covid-19. Mientras que expertos en materia electoral, empresarios y opositores que usualmente eran consultados por noticieros y periódicos fueron apresados invocando la llamada Ley del Pueblo”, acusándolos de “traición a la patria”.
La cacería desatada por la policía instaló en la libertad de expresión y prensa de Nicaragua una autocensura sin precedentes, nunca vista desde la posguerra a partir de 1990 —año en que ganó las elecciones Violeta Chamorro—, dice el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica precisamente por ser una de esas voces incómodas para el régimen.
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