El Congreso de España ha aprobado este jueves la ley de protección a la infancia frente a la violencia. Su principal novedad consiste en que amplía el plazo para la prescripción de los delitos graves, que comenzará a contar a partir de que la víctima cumpla 35 años.
Se trataba de una de las principales reclamaciones de víctimas de abusos, entidades sociales y otros colectivos, que incluso solicitaban que se ampliara aún más ese plazo, debido a que en muchas ocasiones los casos quedaban impunes porque las víctimas no eran capaces de denunciar hasta muchos años después.
El texto presentado por la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales ha incorporado varios cientos de enmiendas y ha salido adelante con el apoyo mayoritario de la Cámara y tan solo con el voto en contra de los ultraderechistas de Vox y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La nueva ley refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en los procesos administrativos y judiciales, así como a formular denuncias de manera personal y directa.
Se eliminan conceptos como el Síndrome de Alienación Parental, un supuesto síndrome que ha sido desautorizado por la comunidad científica, y que se ha utilizado en muchas ocasiones para no dar credibilidad a los testimonios de los menores cuando denunciaban abuso o maltrato.
Además, se amplía la definición de violencia, recogiendo también los delitos cometidos a través de Internet; crea unidades especializadas en las fuerzas del orden; habilita un registro central de información, un coordinador de bienestar y de protección en los centros educativos; y fomenta la formación para jueces y fiscales.
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