La Guardia Civil detuvo el miércoles a Ernesto Quintero, de 41 años, con la intención de extraditarlo de forma urgente a Venezuela. El ciudadano venezolano, antiguo empleado de una Casa de Bolsa en el país criollo, se encuentra en la prisión de Soto del Real, aturdido todavía por la pesadilla en la que le han sumido las autoridades españolas.
Por DANIEL LOZANO | EL MUNDO
«Los abogados nos han dicho que ahora mismo no hay ninguna esperanza, que lo van a deportar a Venezuela en el primer avión. Mi esposo es inocente, tenemos todas las pruebas, reclamamos una revisión urgente de su caso«, aseguró Cismary Marcano a ELMUNDO.
Colectivos venezolanos han celebrado hoy una protesta en el entorno de la Audiencia Nacional. Marcano pedido desde allí a las autoridades españolas que revisen el caso de su marido y eviten la extradición. «Hasta el día de hoy está preso por el Gobierno de España y yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que, por favor, no extraditen a mi esposo«, ha dicho. La mujer de Quintero ha insistido en que si regresa a Venezuela «puede ser torturado y más, puede ser asesinado».
Fuentes opositoras confirmaron a este periódico que el dirigente Leopoldo López, exiliado en Madrid, mantiene contactos con las autoridades en un intento último de detener la extradición. Al estar cancelados los vuelos entre España y Caracas una de las posibilidades que se manejan es que Quintero sea trasladado hasta Turquía y desde allí viaje en línea regular hasta Venezuela.
La posición favorable de la Fiscalía acompañó la sentencia de la Audiencia Nacional, que el año pasado accedió a la deportación reclamada por el chavismo. El recurso de súplica de Quintero tampoco fue atendido por las autoridades judiciales españolas.
El Consejo de Ministros finalmente decidió tramitar la extradición pese a la postura en contra de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que en su escrito no solo destacó el arraigo familiar de Quintero, sino también reiteró su recomendación «de no retorno y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la situación humanitaria y de seguridad en Venezuela». A Quintero se le denegó el estatus de asilo por contar con antecedentes penales por su caso.
La decisión gubernamental se ha tomado pese a que Naciones Unidas acusa al régimen bolivariano de practicar torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales contra perseguidos y detenidos. En Venezuela tampoco existe el menor atisbo de independencia judicial, sino todo lo contrario: unos jueces que obedecen órdenes de los mandos bolivarianos.
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