El ex coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, siempre ha dicho que acudió a la Guardia Civil «siguiendo instrucciones» de Pablo Iglesias. Y es que, según ha explicado en varias ocasiones, tomó la decisión de presentar la denuncia que ha desembocado en un procedimiento judicial en el que se investiga la financiación irregular del partido al escuchar al líder de Podemos decir que quien tenga pruebas, lo que tiene que hacer es ponerlas en manos de los tribunales.
Esteban Urreiztieta | El Mundo – Primer Informe
«Eso fue exactamente lo que hice», arguyó Calvente, que dio el paso tras ser acusado falsamente de acosar sexualmente a su ex compañera Marta Flor. La denuncia que la Fiscalía reduce a meros «rumores» expone una serie de operaciones explicadas al detalle que el Ministerio Público ni siquiera considera que deban ser investigadas judicialmente.
Los sobresueldos
Quien fuera uno de los abogados más respetados de la formación morada, relató en su denuncia el pago de sobresueldos irregulares dentro de Podemos. Así precisó, por citar algunos ejemplos, que la gerente Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos se beneficiaron de «una subida secreta y unilateral de su salario muy por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales que establece como retribución máxima el Código Ético de Podemos». Esta operativa se llevó a cabo mediante complementos salariales que no constan en las tablas salariales del partido. Con estos pagos se «premiaron» los «servicios de opacidad financiera que necesitaba la trama corrupta» del partido para operar. También revela que percibían otra gratificación mediante gastos de desplazamiento ficticios -continuos trayectos dentro de Madrid de 30 euros- o que correspondían a servicios personales y que constituían un «pago en especie».
La ‘Caja B’ del partido
Calvente sostiene que la denominada Caja de Solidaridad de Podemos fue creada en 2018 por iniciativa de Rafael Mayoral para que los cargos públicos del partido donaran una parte de su sueldo. Los fondos, en lugar de destinarse a «donaciones a colectivos, entidades o procesos litigiosos», se utilizaron para llevar a cabo «donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre supuestas entidades opacas y sin identificar». En palabras de este abogado, funcionaba en la práctica como una «caja B». «Nuestras sospechas aparecieron al detectar una petición de 50.000 euros por parte de una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular, sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero». Tras esta entidad, precisa Calvente, se encuentra un ayudante de Rafael Mayoral, «al que acompaña en sus desplazamientos».
El clonado del disco duro
Otro de los episodios descritos por el letrado, que califica como «muy grave», fue «el acceso no autorizado al ordenador de la abogada de Podemos Marta Flor y la sustracción del contenido del disco duro, ubicado en las oficinas del partido». Esta operación, «autorizada por los dirigentes Juan Manuel del Olmo y Alberto Rodríguez» fue encargado a la empresa Virtua Sistemas Inteligentes, S.L., «empresa informática de confianza de Del Olmo». Esa operación, que vulneró «todos los protocolos», tenía como objetivo «comprobar si en dicho disco duro había archivos personales que podían comprometer a Rodríguez o a cualquier otro miembro destacado de la organización y permitiera cualquier tipo de chantaje por Flor, que al parecer había mantenido relaciones íntimas con algunos miembros de la organización y temían que pudieran existir mensajes o archivos multimedia comprometedores».
Adjudicación de la sede
Añade el denunciante que Podemos adquirió en 2018 el inmueble situado en la calle Villaespesa número 18 de Madrid para instalar la sede de la formación. «El edificio necesitaba obras de reforma interior», prosigue, para lo cual se articuló un proceso de adjudicación amañado que «no era más que una mascarada para ocultar que el importe finalmente duplicó el precio del presupuesto de ejecución de obras». Así, «el precio de adjudicación ascendió a un total de 1.361.055 euros a pesar de que el precio de licitación publicado era de 649.936 euros». De esta forma, «se adjudicaron a dedo las obras a las empresas seleccionadas directamente por el arquitecto» y «cuando se inició el proceso de licitación ya estaban adjudicadas las obras a los contratistas».
La cooperativa de Mayoral
La cooperativa Kinema, fundada en 2006 por Rafael Mayoral, «presta los servicios de gestoría laboral a Podemos y a sus grupos parlamentarios desde 2014». Según Calvente, la gerente Rocío Val, ex vicepresidenta de Kinema, bloqueó la licitación del servicio de gestoría del partido «en beneficio de su anterior empresa y en perjudicando los intereses económicos de Podemos».
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