Magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenaron la detención domiciliaria del expresidente y actual senador del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, por su presunta participación en fraude procesal y soborno.
Por Primer Informe
Esta investigación es la que más ha avanzado,-de las varias que tiene Uribe reposando en los despachos de los magistrados del alto tribunal-, tras abrirse en 2018, después de que se le cerrara una investigación contra el también senador Iván Cepeda para abrirla contra Uribe.
Al líder del Centro Democrático lo tienen en jaque dos exparamilitares, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Juan Guillermo Monsalve, además de su abogado Diego Cadena, quien le habría pagado a los exmilitantes de las AUC, para cambiar los testimonios que entregarían en el alto tribunal.
Vélez paga 20 años de cárcel por responsabilidades en una masacre ocurrida en Riosucio, Caldas. Mientras éste cumplía sentencia, fue abordado en la cárcel por el abogado Cadena, quien, según la Fiscalía, ofreció 200 millones de pesos a cambo de que, en su testimonio a la Corte Suprema de Justicia, dijera que el senador Cepeda le ofreció conseguir beneficios carcelarios si hablaba en contra de Uribe.
De los 200 millones, Cadena y el abogado Juan Salazar, sólo entregaron 48, según aduce la Fiscalía, lo que hizo que Vélez detuviera las negociaciones con Cadena quien aseguró que la pedida de dinero por parte del exparamilitar era producto de extorsiones, aunque nunca lo denunció oficialmente.
Cadena dijo que el dinero entregado a la hermana de Vélez, el sobrino y la pareja sentimental, eran ayudas humanitarias y «viáticos», pero la Fiscalía reprochó que no se podían registrar «viáticos» a una persona detenida en un centro penitenciario.
Pese a los cambios de testimonios en contra de Cepeda y Uribe, el magistrado César Reyes, quien es ponente en el caso del expresidente, recibió el testimonio de Vélez al finalizar 2019.
El otro ‘para’
Monsalve se encuentra recluido en una casa fiscal dentro de la cárcel de La Picota en Bogotá, condenado por secuestro extorsivo y concierto para delinquir, después de que la Fiscalía General comprobara que formó parte del Bloque Metro que hacía vida delincuencial en Medellín.
Este exparamilitar ha sido uno de los testigos clave contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe.
El exparamilitar Guillermo Monsalve dijo que Uribe coordinaba la parte militar en el Bloque Metro que hacía vida en Medellín.
Monsalve ha asegurado que la hacienda ‘Guacharacas’ era propiedad de los hermanos Uribe Vélez y que allí se fraguaron masacres y se constituyó el grupo irregular que él conformó.
El exparamilitar fue contactado por el senador Cepeda en 2011 para buscar demostrar al Congreso de la República de Colombia, la responsabilidad del senador Uribe en distintos actos criminales.
Según ha trascendido, en su relato al senador Cepeda, Monsalve aseguró que entre muchos otros miembros del Bloque Metro estaba Luis Villegas, quien sería su jefe, Santiago Uribe, y “Álvaro Uribe que coordinaba lo que era lo militar”.
Monsalve dijo a Cepeda que desde el Bloque Metro «se hacían masacres. Se terminaba lo que había empezado e íbamos formando el grupo. De ahí ya se limpió la zona y a los días se montan los negocios de narcotráfico».
Pronunciamiento de la Corte
Los cinco magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidieron unánimemente que Álvaro Uribe tuviera casa por cárcel mientras se adelanta la investigación por presuntos delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Para la corte, la detención domiciliaria facilitaría «el futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos» que formarían parte del proceso.
La Sala Especial de Instrucción también recordó que las conductas objeto de investigación tuvieron lugar después del 16 de febrero de 2018, momento en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema compulsó copias contra Uribe Vélez tras archivar la denuncia que este había realizado en contra del senador Iván Cepeda por supuesta compra de testigos.
La corte también añadió que Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por Huila, se encuentra involucrado en el proceso también por la presión ejercida al testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Según las investigaciones, Prada se valió de alias ‘Caliche’, un comerciante del Caquetá, para que exigiera a Monsalve retractarse de las acusaciones contra Uribe. Esto hace que el delito de soborno como cómplice le esté siendo imputado, pero no se reúnen aún los requisitos mínimos para detenerlo.
En el fallo también se indica que una vez que se archivó la acción de Uribe contra Cepeda, existieron intentos de manipular testigos por parte de «personas allegadas» al expresidente y líder del Centro Democrático, en acciones que presuntamente llevaban su aprobación. Basado en esto, la Sala de Instrucción «abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada» en julio del 2018, que es el mismo proceso por el que hoy se encuentra preventivamente privado de libertad.
La Sala de Instrucción dice poseer pruebas en forma de videos, interceptaciones telefónicas y grabaciones de audio que son un serio indicio del papel de autor intelectual que habría jugado Uribe en estas acciones: «Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado» se lee en el comunicado.
Con información de El País de Colombia y Semana.
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