Los familiares de los 33 balseros desaparecidos en 2019 en alta mar, cuando zarparon de La Vela en el estado Falcón con destino a la isla de Curazao, acudieron el lunes 23 de septiembre a la sede del Circuito Judicial Penal de Coro para exigir que se revise y den respuesta a la apelación que se hizo en contra de la sentencia dada en este caso a los privados de libertad.
Jhonny Romero, padre de uno de los desaparecidos, explicó que introdujeron un recurso de apelación contra el fallo que dio libertad a uno de los detenidos y solo imputó a otras cuatro personas por delitos menores y con penas mínimas, mientras los migrantes siguen desaparecidos desde hace cinco años y nadie los busca.
“En lo único que estamos de acuerdo con la sentencia de la juez, dictada en diciembre de 2023, es en que el Ministerio Público actuó negligentemente sus líneas de investigación, sobre todo en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, quienes aún no se sabe a ciencia cierta si al menos tienen alerta amarilla. El Ministerio Público no documentó bien el caso. No hizo su trabajo de dirigir la investigación ni hacer las diligencias de ley conducentes a lograr una verdadera búsqueda, investigación, judicialización ni reparación”, señaló Romero.
Asegura que la sentencia debió condenar por al menos dos de los tres delitos calificados en la imputación y las penas no debieron tener ningún beneficio procesal, porque estas personas no admitieron, ni colaboraron en modo alguno en la investigación.
Sin respuesta
El 7 de junio de 2019, 33 personas zarparon en una embarcación desde La Vela de Coro con destino a Curazao. Nunca llegaron a la isla y tampoco hay indicios de que se hayan hundido. Por este hecho hubo una investigación de casi cuatro años con varios detenidos. En diciembre de 2023, se dictó una sentencia que ha sido rechazada por los familiares de los desaparecidos, quienes piden una investigación del caso.
A raíz de esta desaparición, los afectados crearon el Comité Nacional de Familias Víctimas de Desapariciones y Trata en Costas Venezolanas (MaydayConfavid), con el fin de reunir a los parientes de desaparecidos en el mar de Venezuela. En el marco de esta iniciativa, las familias han investigado por sus propios medios y llegaron a la conclusión de que existe una red de trata de personas que capta migrantes.
El 23 de septiembre se celebró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, fecha que motiva a las familias de desaparecidos a seguir pidiendo justicia para localizar a sus parientes. “Hoy una vez más están difiriendo la audiencia porque el personal no está completo, el fiscal titular no está y mandó a un auxiliar, pero éste al final está proponiendo a un fiscal que ni siquiera conoce el caso”, lamentó Romero.
Por su parte, las autoridades municipales del municipio Miranda, en el estado Falcón, hicieron un pancartazo en el terminal de pasajeros Polica Salas de Coro, para alertar sobre el flagelo del tráfico de personas. Reinni Bonalde, presidente del Concejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cmdnna), declaró que hay muchas denuncias de tráfico de menores, aunque no dio cifras específicas de este tema. Reconoció que las cifras son alarmantes en el ámbito nacional y regional.
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