El primer ministro francés, Édouard Philippe, dijo este lunes que el gobierno está considerando «la idea de cuotas» para la inmigración profesional, en el primer día de un debate parlamentario sobre esta espinosa cuestión.
«No me da miedo reflexionar sobre la idea de cuotas», dijo el primer ministro en el discurso de apertura de este debate solicitado por el presidente Emmanuel Macron.
«En cuanto a la inmigración profesional, es necesario tener un enfoque pragmático en relación con nuestras necesidades laborales», señaló.
Si bien reconoció que «las cuotas no pueden aplicarse al asilo o a la inmigración familiar», ámbitos protegidos por los textos europeos, subrayó que esta última categoría «no puede escapar al control».
«Debemos luchar contra los abusos y el fraude, y endurecer los criterios cuando sea necesario».
Sobre el asilo, el primer ministro describió un sistema «saturado». Con 123.000 solicitudes en 2018 (+22%), Francia es uno de los pocos países europeos en los que las solicitudes están en aumento.
El importante número de solicitudes de ciudadanos de países considerados «seguros», como Albania o Georgia preocupa a las autoridades.
«Francia (…) no debe ser ni más ni menos atractiva que sus vecinos», dijo Edouard Philippe, quien ha pedido «mirar las cosas sin tabúes» pero «sin negar nada de nuestros principios», sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de acceso a la salud.
Sobre este tema, la ministra de Salud, Agnès Buzyn, tiene previsto proponer una reforma a la llamada Protección universal de enfermedad (PUMA, ex CMU) a la que tienen derecho todos los solicitantes de asilo en Francia, introduciendo un periodo de carencia de tres meses para los tratamientos que no son urgentes.
Philippe también mencionó una posible restricción del acceso a la naturalización, que concierne a unas 60.000 personas al año.
Dijo que el gobierno francés estudia los «criterios que nos fijamos para verificar el nivel de dominio de la lengua francesa de los candidatos». «Creo que necesitamos elevar este nivel», señaló.
A pocos meses de las elecciones municipales, el gobierno francés ha endurecido el tono sobre la inmigración, argumentando que para evitar que los votantes se desvíen hacia la extrema derecha el gobierno debe poner fin a su enfoque «laxista».
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