El Ministerio de Gobierno (Interior) de Bolivia anunció este miércoles que pedirá la pena máxima para el principal sospechoso del asesinato de una niña de 9 años cuyo cuerpo fue hallado en la calle por vecinos, un caso que conmocionó al país.
EFE
El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó en una conferencia de prensa en La Paz que esa cartera de Estado será parte de la acusación del caso y que hará seguimiento de la actuación del Ministerio Público para que se “actúe con la mayor dureza posible”.
Según Murillo, la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, pidió que se busque una condena de “30 años de cárcel para este delincuente”, la pena máxima en la legislación boliviana.
Murillo presentó ante los medios a Zenón M.J., de 42 años, el principal sospechoso de la muerte de Esther, cuyo cuerpo fue abandonado el pasado domingo en una calle en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, con signos de violencia.
El sujeto, quien fue capturado el martes, y tres “cómplices” que supuestamente lo ayudaron a escapar serán procesados en este caso, señaló el ministro interino.
El hombre escapó a la ciudad de Potosí y al verse “cercado” volvió a La Paz, donde fue aprehendido, pero tenía la intención de fugarse hacia Perú, detalló Murillo.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, indicó que se tienen “los elementos suficientes” para que se pueda imputar a los aprehendidos por este caso que ha causado indignación en el país.
El viceministro interino de Justicia, Hubert Vargas, informó que un equipo jurídico de esa instancia está patrocinando legalmente a la madre de la niña, además de brindarle asistencia social y psicológica.
Una fundación dará cobijo a la familia de Esther, que vivía en alquiler en una casa en El Alto donde también era inquilino el principal sospechoso, quien declaró ser inocente.
La Policía Boliviana confirmó que la causa de la muerte de la niña fue asfixia por estrangulamiento y que la menor presentaba signos de haber sufrido una agresión sexual “con data anterior”, según medios locales.
El martes enterraron el cuerpo de la menor en un cementerio alteño, en medio de pedidos de justicia.
La madre de la niña ha denunciado que recibió amenazas de la familia del principal acusado.
El caso desató indignación en las redes sociales y pronunciamientos en el ámbito político como el de la presidenta Áñez, quien demandó que se realicen todas las acciones legales necesarias para encontrar y sentenciar al autor o autores del suceso.
Desde enero hasta el pasado 22 de junio se reportaron 32 infanticidios en el país, según datos de la Fiscalía, en un año que fue declarado por el Gobierno transitorio como el de la lucha contra los feminicidios e infanticidios en el país.
EFE
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