El pasado martes el ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia emitió un comunicado en el que dio a conocer la decisión de su gobierno sobre la designación como organización terrorista global de Hezbollah tanto para su ala política como militar. Así, se sumo a varios países que han hecho lo propio en los últimos dos años.
Sin embargo, más cerca de la República Argentina, en el continente latinoamericano, los problemas para la agrupación libanesa chiita se profundizaron. Otro país, que trabajaba desde noviembre en un proyecto de ley para el caso, ratificó su decisión de una nueva designación sobre la organización. El gobierno de la República de Guatemala confirmó la designación del grupo político-militar libanés respaldado por Irán y a todas sus ramificaciones como una organización terrorista criminal transnacional.
A través de esta nueva calificación en el continente latinoamericano, Guatemala se sumó a la última designación regional efectuada por Honduras en enero de este año y a las de Argentina, Paraguay y Colombia, los otros tres estados latinoamericanos que lo habían hecho durante el año 2019.
La designación encuadra jurídicamente a Hezbollah y a cualquier grupo u organización que la represente, le preste apoyo o asista, en la categoría de terrorista global, siendo pasible de ser investigada, perseguida legalmente y a procederse a la incautación sus activos financieros como también a la detención y sometimiento a juicio penal de sus integrantes en forma conjunta con el gobierno y las agencias federales estadounidenses. Con esa designación se valida la aplicación de la ley local y/o estadounidense en todos los casos.
Este último aspecto es un detalle muy particular en la designación puntual que ha llevado adelante Guatemala, toda vez que los anteriores países acordaron otras normas jurisdiccionales de investigación, procesos penales y tratados de extradición ante requerimientos específicos. En el caso guatemalteco, en el documento de designación de Hezbollah como organización criminal se incorporan aspectos jurídicos mucho más amplios que van en consonancia con un trazado táctico-estratégico mayor y se relacionan con las leyes federales estadounidenses.
Según fuentes de seguridad guatemaltecas, la designación de su país pretende aplicar una presión mayor a la legislada en otros países en materia de transacciones financieras e ingresos de fondos en favor de Hezbollah generados incluso en delitos conexos al trafico y la comercialización de drogas ilegales, al contrabando de cigarrillos, el fraude a través de la venta de marcas y tecnología falsificada y el posterior lavado del dinero generado por esa actividad criminal en el continente sudamericano, con especial foco en las sospechadas conexiones de grupos afines a la organización terrorista en territorio guatemalteco y sobre las actividades que se desarrollan en Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela, luego de que las autoridades comprobaran que cientos de millones de dólares provenientes de la actividad delictiva generados en la zona de la Triple Frontera (Paraguay, Brasil y Argentina) son desviados en el último año a Venezuela con la ayuda de cárteles de la droga regionales para su posterior lavado y remisión a su sede en Beirut.
A traves de ese “modus operandi”, Hezbollah ha tratado de contraponer las perdidas ocasionadas por las férreas sanciones económicas de Washington que debilitaron tanto a la organización como a su principal patrocinador, la República Islámica de Irán.
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