Honduras decretó este jueves la emergencia nacional por la inseguridad que registra el país centroamericano y les declaró “la guerra” a los grupos criminales que operan en territorio nacional.
“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios (y) en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad”, anunció la presidenta Xiomara Castro en un mensaje conjunto con la policía.
Con esta medida, la mandataria ha instruido a las autoridades de seguridad a establecer “estados de excepción y suspender garantías constitucionales” allá donde sea necesario. Asimismo ha ordenado que la Policía Militar y las Fuerzas Armadas lleven a cabo controles en la frontera.
Este anuncio de la mandataria hondureña se ha dado en el marco de la presentación de un plan de seguridad nacional con el que el país centroamericano le “declara la guerra” a los grupos criminales que practican la extorsión, la corrupción y el narcotráfico.
“La extorsión está inmersa en diferentes áreas de nuestro país, es una de las principales causas de la migración y cierre de pequeños y medianos comercios”, manifestó la presidenta hondureña, según recoge el diario local La Prensa.
Tal y como ha explicado Castro, el principal objetivo de su “plan antiextorsión” pasa por combatir a las maras y pandillas que operan en territorio hondureño y, especialmente, en las calles de la capital, Tegucigalpa.
La jefa de Estado ha incidido en que el Gobierno está ahora inmerso en la búsqueda de aquellos mecanismos que garanticen la restitución de la paz perdida, dice, durante los mandatos de Porfirio Lobo (2010 -2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Asimismo, Castro confirmó que dio instrucciones al organismo de telecomunicaciones (Conatel) para que vigile la venta de chips para teléfonos, un proceso que a partir de ahora solo se realizará previa identificación del comprador.
A nivel económico, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros deberá establecer también “medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas”.
El proyecto surge en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión, impuesta en su mayoría por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18, ha crecido en los últimos meses.
El nuevo plan de seguridad, que entra en vigor el jueves, no podrá aplicar por el momento la suspensión de garantías constitucionales hasta ser aprobada por el Congreso Nacional que ha demandado a la funcionaria un proyecto en contra de la extorsión.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad, ha dicho el llamado “impuesto de guerra”, que utilizan las bandas criminales para extorsionar, genera ganancias anuales equivalentes a los 737 millones de dólares, casi el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
(Con información de Europa Press y Reuters)
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