Un juzgado de Panamá imputó este viernes cargos por maltrato y peculado (malversación) y ordenó la detención provisional de dos mujeres presuntamente vinculadas con los casos de abusos a menores en albergues que han conmocionado al país centroamericano.
EFE
Ambas son «responsables de una de las fundaciones que se están investigando» en relación con los albergues, y están vinculadas con una casa de acogida ubicada en el corregimiento de Tocumen, a las afueras de Ciudad de Panamá, informó la Fiscalía.
Las mujeres, no identificadas, fueron aprehendidas el jueves a raíz de investigaciones de oficio que datan de julio pasado.
La mujer imputada por peculado era la representante legal de la fundación que, hasta agosto de 2020, administraba el albergue. Las investigaciones sugieren que hubo «irregularidades en el manejo de más de 90.000 dólares correspondientes a subsidios otorgados por el Estado para la operación» de la casa hogar, que atiende a menores de 1 a 17 años.
La Fiscalía añadió que no se descarta «el aumento de esta cuantía y la vinculación de otras personas», puesto que están ampliando las investigaciones, abiertas por una querella presentada por el Ministerio de Desarrollo Social en julio del año 2020, «en virtud del manejo irregular del subsidio otorgado a una fundación».
Los albergues en Panamá, medio centenar con una población de 1.200 menores, según los datos oficiales, son administrados por organizaciones no gubernamentales y fundaciones, y están bajo la supervisión del Estado, que en muchos casos les otorga subsidios.
En el caso de la otra mujer, imputada por maltrato al menor, las investigaciones parten de una denuncia presentada el pasado julio por la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), el ente estatal encargado de supervisar los albergues.
En ambos casos, la Fiscalía emitió medidas de protección a favor de los menores de edad afectados y desalojó a los administradores del albergue, según el comunicado del Ministerio Público.
A inicios de febrero pasado, una subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) presentó un informe que detalla que desde 2015 decenas de menores fueron abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en 14 albergues en los que se acoge a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Hay testimonio de las supuestas víctimas de violación, según los cuales fueron atacadas por «religiosos» o cuidadores, y que incluso les hicieron abortar, como dijo a Efe la diputada oficialista Zulay Rodríguez.
Tras la divulgación del informe, la indignación ha ido creciendo por el silencio de las autoridades, que han sido señaladas de ser «cómplices» en las constantes protestas callejeras para exigir justicia y castigo para los culpables por acción u omisión.
La Fiscalía, que abrió un expediente de oficio por ese informe parlamentario, aseguró que había al menos 8 investigaciones en curso por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años de antigüedad.
Esta semana se informó que desde octubre pasado hay dos personas imputadas por «maltrato al menor» en un albergue de la provincia interior de Veraguas, en un caso por el cual el martes pasado fue imputado por ese mismo delito un encargado de esa casa de acogida.
La que era la directora de la Senniaf desde el pasado, Mayra Silvera, dijo este jueves que renunció al cargo, mientras que la semana pasada dimitió el fiscal general, Eduardo Ulloa, «por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña», en relación con las denuncias de abusos en los albergues y las continuas protestas.
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