Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este martes que durante la convulsión social a fines de 2019 en Bolivia, fuerzas militares y policiales cometieron masacres contra civiles, incluyendo «ejecuciones sumarias».
AFP
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente Luis Arce.
Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que «al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas».
La investigación abarcó desde fines del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez.
Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. Tappatá dijo que el GIEI «no duda» en calificar esos hechos «como masacres».
En Sacaba, una zona con fuerte influencia de cocaleros, los leales aliados de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo de expertos forenses argentinos y los estudios permiten «inferir» que algunas muertes fueron por «ejecuciones sumarias».
El presidente Arce, tras conocer el informe, anunció reparaciones para las víctimas.
Además, dijo que el informe relata con «claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado» contra su mentor político Morales.
Anunció que su gobierno impulsará un juicio de responsabilidades o de privilegio contra Áñez y su gobierno.
Áñez pide debido proceso
Tras conocer el informe de la GIEI, la expresidenta Áñez pidió desde su cuenta de Twitter el respeto a un juicio justo.
«Exigimos respeto a la Constitución (Carta Magna), garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones», señaló.
La exgobernante está encarcelada de manera preventiva desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido durante su gobierno de noviembre de 2019 a noviembre de 2020.
Opositores culpan a Evo
Los opositores también emitieron posiciones sobre el informe.
El gobernador de la rica región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, pieza clave en la salida de Morales del poder, dijo que el informe «es claro», porque «los muertos y las violaciones a los derechos humanos empezaron en el gobierno en el gobierno de Evo Morales y concluyeron» en el de Áñez.
Dijo, por lo tanto, que «si Jeanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado».
El expresidente centrista Carlos Mesa (2003-2005), dijo que debe realizarse una reforma del sistema judicial, como «requisitos para garantizar justicia y el debido proceso en los casos que deben juzgarse».
Mesa es sindicado por el oficialismo como uno de los responsables del supuesto golpe de Estado, junto a la Iglesia católica, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), los gobiernos del argentino Mauricio Macri y el ecuatoriano Lenín Moreno.
Bolivia entró en crisis tras las elecciones de octubre de 2019. Los resultados de los comicios favorecieron a Morales, en el poder desde 2006 y con la intención de extender su gestión hasta 2025.
Empero, la oposición lo acusó de haber hecho fraude y las protestas se extendieron a todo el país. Los policías y militares le quitaron respaldo a Morales, quien dimitió y salió exiliado hacia México.
La CIDH, en un comunicado, resaltó que con el informe del GIEI «culmina una etapa de trabajo realizado por personas expertas independientes con idoneidad técnica, integridad e imparcialidad».
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