Una comisión del Parlamento boliviano que investiga muertes de civiles por disparos en operativos militares y policiales del año pasado en Bolivia citó a declarar como testigos a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, y al exmandatario Evo Morales.
EFE
Esta comisión de diputados y senadores investiga las muertes de una veintena de civiles en las ciudades de El Alto y Sacaba en noviembre pasado durante la crisis política y social que atravesó el país.
En calidad de testigos
El diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, que preside la comisión, dijo este jueves a los medios en La Paz que la presidenta transitoria y el exmandatario, que se encuentra en Argentina, fueron notificados en calidad de testigos.
Borda comentó que Morales puede declarar de forma virtual, mientras que Áñez se espera que comparezca de manera presencial este mismo viernes.
“En todos los casos, ellos hacen una relación fáctica de los hechos y con base en ello se procede a realizar preguntas”, declaró el parlamentario.
La comisión busca determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes, de los heridos y de otros posibles delitos cometidos entre octubre y noviembre de 2019 durante aquella convulsión que sufrió Bolivia.
Algunas voces del gobierno interino, de la Fiscalía y de partidos como el MAS han lamentado la falta de avances de la investigación judicial de esos sucesos.
Piden que se levante el secreto militar
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró este miércoles ante la comisión que las Fuerzas Armadas son renuentes a dar información, ante lo que un juez ordenó que se levante el secreto militar, y señaló que además hubo 90 heridos en Sacaba y 31 en El Alto.
Lanchipa observó que en el caso de la policía Boliviana solo remitió un informe sobre Sacaba, que consideró ambiguo.
El Ejecutivo transitorio de Áñez mantiene que no fueron ni militares ni policías los que dispararon, sino que los disparos surgieron entre los propios manifestantes, mientras que entidades de derechos humanos dentro y fuera del país han calificado estas muertes de masacres.
En los episodios de violencia tras las frustradas elecciones de octubre pasado murieron al menos 37 personas y más de 800 resultaron heridas, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
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