Joe Biden, quien asumirá la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, es católico y a lo largo de su carrera ha tenido posturas cambiantes sobre el aborto. Desde 2012, sin embargo, lo considera parte de las libertades individuales y durante la campaña declaró: “No creo que tengamos el derecho de decirle a otras personas que las mujeres no pueden tener control sobre sus propios cuerpos. Es una decisión entre ellas y sus médicos, desde mi punto de vista. Y la Suprema Corte: no voy a interferir allí”, en referencia al fallo de 1973, Roe vs. Wade, que garantiza el derecho en el plano federal.
En un clima político de división exasperada, con algunas bajas en la Cámara de Representantes y sin mayoría en el Senado, los defensores del acceso legal al aborto, que fue recortado en varios estados durante los últimos cuatro años, temen que Biden pueda hacer poco. Sobre todo si se considera que la Corte Suprema, último escenario de las batallas que generaría cualquier movimiento del futuro presidente, se inclina hacia el conservadurismo tras los nombramientos de Donald Trump, que incluyeron a Amy Coney Barrett a solo ocho días de las elecciones.
Sin embargo, según The Atlantic, el equipo de Biden analiza opciones por fuera del cambio de la legislación para volver a un estado de cosas previo al gobierno republicano. La primera sería la posibilidad de revertir regulaciones emitidas por Trump que limitaban el acceso a la anticoncepción en algunos lugares donde mucha población depende de Planned Parenthood y otras organizaciones similares, a quienes se quitaron los fondos conocidos como Title X.
La segunda, “más allá de restaurar el statu quo de la era de [Barack] Obama”, sería otra acción dentro del ámbito ejecutivo “que expandiría los derechos reproductivos más que nunca antes: podría reexaminar una política de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que impone restricciones severas a la mifepristona”.
Esa medicación, conocida también como RU-486, es la única que la FDA ha aprobado para interrumpir de manera efectiva y segura un embarazo dentro de las primeras 10 semanas. Si se eliminaran las restricciones que existen actualmente, y que son básicamente burocráticas, este método, que se emplea en el 39% de los abortos, podría extenderse y cumplir con la promesa que trajo hace 20 años, cuando fue aprobado: simplificar y mejorar el cuidado de la salud reproductiva de las mujeres.
En aquel entonces, “los activistas defensores del derecho al aborto eran optimistas con respecto al potencial de esta medicación”, explicó The Atlantic. “En teoría, las mujeres podían obtener una prescripción en el consultorio de su médico de cabecera o su ginecólogo, buscar la droga en su farmacia local y terminar el embarazo en la privacidad de su hogar. Menos mujeres necesitarían viajar grandes distancias para una clínica de abortos o de planificación familiar, superar las barreras de los manifestantes anti aborto o sufrir un procedimiento quirúrgico para interrumpir un embarazo”.
Esa era la teoría, como subrayó el medio. La realidad fue muy distinta dada la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riegos (REMS), tal el nombre de las normas de la FDA sobre qué debe hacer un médico para poder firmar esas recetas en caso de considerar que eso le corresponde al bienestar de su paciente.
“Aunque la aprobación de la mifepristona hizo que el aborto resultara más fácil para muchas mujeres, el tratamiento se mantiene mayormente aislado en clínicas de aborto. Esto significa que muchas mujeres todavía tienen que viajar grandes distancias para, básicamente, buscar una prescripción”, detalló el artículo. Entre otros requisitos, las restricciones indican que se requiere una certificación para ser prestador de este servicio médico y que las mujeres deben recoger la medicación personalmente y en una clínica, un consultorio o un hospital, es decir, no en una farmacia.
En la práctica, ese médico clínico o ese ginecólogo que tiene una paciente que requiere un aborto 1) debe obtener una certificación sólo a los efectos de escribir la prescripción de RU-486 y 2) debe tener en su consultorio la infraestructura para almacenar y dispensar la droga. “Eso impone barreras logísticas que hacen que para el prestador promedio resulte poco práctico ofrecer servicios de aborto temprano”, analizó el texto. “La mayoría de los consultorios médicos no están preparados para comprar y vender medicamentos de venta con receta a los pacientes; eso compete a las farmacias”.
Desde luego, los médicos no cambiaron su práctica por una única droga. La certificación y la distribución se concentró, como antes otros servicios de salud, en las clínicas de aborto y de planificación familiar, que en la actualidad emiten el 95% de las prescripciones para la interrupción temprana del embarazo. Los médicos, sólo el 1 por ciento.
Por cuestiones políticas, la cantidad de clínicas se redujo en los estados del sur y del Midwest, cuya población femenina no menguó, sin embargo, las condiciones en las que una mujer puede necesitar un aborto. En cinco estados, documentó, The Atlantic, sólo hay un establecimiento. Como consecuencia, “muchas mujeres se ven forzadas a viajar grandes distancias” solo para obtener la receta y volver a sus casas a completar el procedimiento. Estadísticamente, ese obstáculo hace que el aborto se demore, con lo cual suele ser necesario un método más riesgoso.
El equipo de Biden analiza el cambio al nivel de la REMS porque tanto la Asociación Nacional de Médicos (AMA), el Colegio de Obstetricia y Ginecología y la la Academia de Médicos de Familia han concluido que esas normas administrativas son innecesarias para la seguridad de las pacientes. La seguridad de la mifepristona, destacó el medio, es superior a muchas drogas que acceden al mercado sin restricciones y se venden en las farmacias, entre ellas la popular pastilla azul, el viagra, que tiene una tasa de fatalidad seis veces mayor.
Otro elemento que ha tomado en cuenta el equipo de Biden es que actualmente existen dos demandas en curso contra la REMS. Más allá de la decisión de los tribunales federales donde se tramitan, la opción del ejecutivo sería que la FDA solicitara al distribuidor de la RU-486 que pidiera una modificación al actual criterio de distribución, lo cual permitiría que la agencia analizara, y procediera a cambiar, si así lo creen sus expertos médicos, la normativa.
Si bien esta acción no expandiría el derecho al aborto a los 19 estados que imponen límites propios a la distribución de la droga, sí lo haría en los 31 restantes. “El riesgo político para Biden sería bajo, ya que la mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho al aborto en el primer trimestre”, analizó The Atlantic. En efecto, según una encuesta de Gallup, el 60% lo apoya y el 28% también en el segundo trimestre.
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