Una juez de Curazao paralizó momentáneamente la iniciativa de la Curacao Refinery Utilities (CRU) para resarcir una millonaria deuda de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mediante la subasta de hidrocarburos almacenados en los tanques de esa instalación.
La titular del juzgado de primera instancia de esa antilla, Faye Wannyn, acogió parcialmente la solicitud formulada por los representantes de la empresa Refinería Isla SA, una subsidiaria de la estatal petrolera venezolana, para que CRU no dispusiera de los “productos petrolíferos” que aún guarda en el terminal de Bullen Bay. Según este recurso, la suspensión no debería ser definitiva, sino por un lapso que sería determinado posteriormente.
CRU es una subsidiaria de la empresa curazoleña Refineria di Korsou (RdK). Según los registros del litigio, desde el 1 de enero de 2020, “ha estado estrechamente involucrada en la gestión y operación de la refinería en nombre de RdK, más específicamente en la gestión de las instalaciones de almacenamiento de productos”. Por lo tanto, el contradictorio se plantea entre dos subsidiarias, CRU e Isla, que actúan en nombre de los intereses de Curazao y del gobierno venezolano.
La deuda objeto de controversia se originó cuando Pdvsa continuó utilizando los depósitos de esta refinería, aún después de haber cesado sus operaciones.
La estatal venezolana fue condenada a pagar 11 millones de florines (6,11 millones de dólares) como “anticipo” y, además, 99 mil florines diarios (54.900 dólares) por cada día adicional de uso de los tanques.
El 14 de octubre, como la deuda no era saldada, CRU embargó los hidrocarburos que fueron consignados por Pdvsa, y planeaba rematarlos. A tal efecto, el 5 de noviembre hizo el anuncio correspondiente. Tres días después, la subsidiaria de Pdvsa pidió en un correo electrónico que “detuviera la ejecución”. Pero los curazoleños no estaban de acuerdo.
No al embargo, sí a la deuda
En la sentencia, la juez Wannyn no niega la existencia de la deuda. Este punto, indicó, tampoco ha sido controvertido por la subsidiaria de la estatal venezolana.
Sin embargo, indicó que no procedía el embargo de los productos. Según el representante de la asociación civil Gente del Petróleo, ingeniero Juan Fernández, existe la posibilidad de que tales derivados no sean propiedad directa de Pdvsa.
“El tribunal no validó el esquema planteado por CRU para cobrarse la deuda (…) Pero todos sabemos que esto continúa, y que Isla como tal tiene una serie de deudas que no ha cancelado, incluyendo a otros acreedores”, añadió el ingeniero, que durante su pasantía por la estatal venezolana formó parte de la directiva de Isla.
Wannyn en su sentencia dejó claro que, para los curazoleños, no hay otra forma de resarcir lo adeudado: “Isla no paga voluntariamente (…) La subasta de las reclamaciones es la única opción para que se pague algo”.
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