La de hoy miércoles es la última bala de Donald Trump. Tras este miércoles, nada podrá impedirle a Joe Biden tomar el relevo en la Casa Blanca, por lo que el presidente va a hacer un último esfuerzo para mantenerse en el poder, una jugada de alta tensión política que va a poner a prueba los cimientos mismos de la democracia americana. Las dos cámaras del Capitolio se reúnen aquí en Washington para abrir los sobres en los que los estados notifican oficialmente el resultado de las elecciones presidenciales, y un grupo de diputados y senadores republicanos se negará a aceptarlos, tratando de forzar al vicepresidente a que mantenga a Trump, su propio jefe, en la Casa Blanca en una jugada insólita y de dudosa legalidad.
Mientras, decenas de miles de personas se manifestarán en las calles de la capital jaleadas por el propio presidente bajo el lema «paremos este robo», como una forma de presionar a los propios republicanos. La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, ha desplegado ya a los reservistas de la Guardia Nacional para prevenir disturbios. Ayer martes, la policía ya cortaba las calles del centro de la ciudad y, como sucedió durante la protesta racial del verano y las elecciones de noviembre, negocios, oficinas y hoteles de todo tipo tapiaron sus ventanales ante los posibles saqueos.
El partido, a prueba
Donald Trump está poniendo a prueba a su partido. Su última batalla en este ciclo electoral la libra el presidente contra los mismos republicanos. Ayer le dio un recado a su «número dos» en Twitter. «El vicepresidente tiene la potestad de rechazar a los compromisarios que hayan sido elegidos de forma fraudulenta», dijo el presidente en esa red social.
Esencialmente, lo que le pide Trump a Pence es que hoy se niegue a aceptar los resultados enviados por estados que Trump ganó el 2016 y Biden le arrebató en 2020, principalmente Georgia y Arizona, que son bastiones republicanos. No está claro si Mike Pence, que a la sazón es presidente del Senado, puede hacerlo según la ley, porque esta es una situación que no se ha dado antes. En incontables artículos publicados estos pasados días en la prensa en EE.UU. juristas de toda procedencia han expresado opiniones contradictorias.
Según las leyes electorales estadounidenses, cada estado organiza su votación y recuento, y proclama al ganador. Así, envía el número de compromisarios que corresponden al Capitolio, que tramita el recuento y proclama al ganador. Un candidato necesita al menos 270 compromisarios para ganar. Según las certificaciones tramitadas, Biden cuenta con 306 compromisarios, los mismos que logró Trump en 2016.
Pero Trump se ha negado a aceptar los resultados y mantiene que hay fraude no sólo en los estados gobernados por los demócratas, sino también en los que controlan los republicanos, como Georgia y Arizona. Las decenas de denuncias que sus abogados han presentado han sido todas desestimadas, incluso por la Corte Suprema, que es de mayoría conservadora y a tres de cuyos nueve jueces ha elegido él mismo. Ni el presidente ni sus representantes legales han sido capaces de aportar pruebas de fraude lo suficientemente convincentes como para detener este relevo al frente de la democracia moderna más veterana del mundo.
Ahora, lo único que le queda al presidente es forzar a su partido a que se niegue a aceptar estos resultados. Esto ha colocado al Partido Republicano en una situación insostenible y al borde de la fractura.
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