La junta militar de Birmania ha pedido a Médicos Sin Fronteras (MSF) que suspenda todas sus actividades en la ciudad de Dawei, donde las fuerzas de seguridad han reprimido con brutalidad a la disidencia, lo que pone en riesgo a más de 2.000 personas con VIH, informó la propia organización humanitaria.
EFE
«La suspensión de las actividades de MSF podría poner en peligro la vida de muchos de nuestros pacientes en un momento en que los servicios públicos siguen estando interrumpidos», apunta en un comunicado la oenegé.
Según MSF, en Dawei atienden a más de 2.160 personas con VIH en la clínica de Myittar Yeik, los cuales sin la ayuda de la oenegé «tendrán dificultades para acceder al tratamiento antirretroviral», y a pacientes con tuberculosis y otras enfermedades.
La organización, que ha estado operando en Dawei durante más de dos décadas, alerta de que la suspensión de su actividad supone un «riesgo de una mayor transmisión» de las enfermedades y ha pedido a las autoridades regionales que le informen de las razones de la decisión.
«Hasta ahora nuestras actividades no habían sido interrumpidas a pesar de la inestabilidad política que afecta Birmania», apunta MSF en referencia al golpe de Estado militar del 1 de febrero y la oposición popular contra el mando castrense.
Los médicos y trabajadores sanitarios fueron de los primeros en unirse al Movimiento de Desobediencia Civil que con sus huelgas ha puesto en jaque a la junta militar.
A raíz de esta oposición, que ha paralizado desde febrero casi todos los hospitales públicos del país, los uniformados han detenido y encarcelado a decenas de trabajadores sanitarios.
Dawei, en el sureste del país y ciudad de nacimiento del líder de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, ha registrado algunos de los episodios más violentos durante la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas en rechazo al golpe de Estado.
Al menos 858 personas han muerto desde el golpe por la brutal represión ordenada por la junta militar, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 5.800 detenidos desde el sublevamiento.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
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