Con las escuelas de Sao Paulo cerradas y tras haber perdido su trabajo de empleada doméstica por culpa de la pandemia, Cícera Claudino se encontró sin recursos para alimentar a sus cuatro hijos, ya que el sueldo de su marido era insuficiente.
Por Arnald Prat Barnadas, Carla Samon Ros y Emiliano Castro Sáenz / EFE
«La situación en mi casa no está muy bien», confiesa a Efe la mujer de 59 años desde el colegio donde estudia una de sus hijas. Allí recoge una de las 440.000 cestas básicas que el ayuntamiento de la megalópolis brasileña entrega a las familias más vulnerables.
En circunstancias similares se encuentran otros 10 millones de alumnos de América Latina y el Caribe que tenían en la comida escolar su principal y casi única fuente de alimento y quedaron en riesgo a raíz de la suspensión de clases y las cuarentenas que rigen en la mayoría de países de la región.
Son el eslabón más débil del total de 85 millones de niños en la región a los que llegan los programas de alimentación escolar impulsados desde 2009 por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para combatir el hambre.
En el actual contexto de pandemia y con las clases suspendidas, 12 países informaron de la implementación de diversas medidas para proveer de entre una y dos comidas diarias a los escolares y que estos programas puedan seguir adelante.
Según los datos entregados por los gobiernos a la FAO, la cobertura de emergencia ha beneficiado a cerca de 54 millones de niños en la región durante la pandemia.
EL DESAFÍO DEL PAÍS MÁS GOLPEADO POR LA PANDEMIA
Brasil fue uno de los países que respondieron más rápido a la urgencia y ya atiende a unos 40 millones de niños, una cifra parecida a la de estudiantes que se beneficiaban de la alimentación escolar antes del COVID-19, según datos de la FAO.
Con más de 37.000 fallecidos y 707.400 contagiados, el gigante suramericano es el segundo país con más casos del mundo, detrás solamente de Estados Unidos, y el tercero en muertes, superado por los estadounidenses y el Reino Unido.
En la escuela municipal Mario Pereira Bicudo, en el norte de Sao Paulo, la joven de 33 años Rosana Coutinho Machado recibe una de las cestas de 25 kilos para sus cinco hijos.
Coutinho dice a Efe que le va a «ayudar bastante» porque con el dinero que iba a usar para comprar comida podrá pagar otras cuentas, como el alquiler.
Cada canasta contiene productos básicos de higiene y alimentos como arroz, habichuelas, pasta, aceite, sal y azúcar, suficientes para mantener a una familia de hasta cuatro miembros durante un mes.
«Pero cualquier cesta básica es muy pobre en proteína» y «las frutas y verduras son absolutamente ausentes», lamenta en una entrevista con Efe el Secretario municipal de Educación, Bruno Caetano, tras declarar que no ofrecen a los alumnos «una dieta equilibrada».
Por ello, la alcaldía de la megalópolis, que lleva más de dos meses en cuarentena, también está repartiendo a 600.000 de sus 950.000 estudiantes una tarjeta valorada entre 11 y 22 dólares, en función de la edad de los niños, para resguardar su «seguridad alimentaria».
En este sentido, la FAO aconsejó a los países -o autoridades municipales, como en el caso brasileño- que diseñaran las ayudas según sus posibilidades, pero que tuvieran en cuenta su valor nutricional con una combinación de alimentos perecibles y no perecibles.
Hasta la fecha, 12 naciones de Latinoamérica y el Caribe han desarrollado algún tipo de medida para paliar el hambre de los menores, el colectivo más indefenso.
UNA «ENORME» PREOCUPACIÓN EN CHILE
En Chile, el 18 de marzo, tres días después de la suspensión de clases, el Ministerio de Educación reorientó las comidas escolares hacia un sistema alternativo de suministro de alimentos.
El país suramericano distribuye desde las propias escuelas más de un 1,8 millones de canastas cada tres semanas, con productos que cubren el desayuno y el almuerzo durante 15 días hábiles.
En total, ya ha asignado más de 6.730.000 cajas, lo que equivale a unas 80.000 toneladas de alimentos.
«La ansiedad y la preocupación por no quedar sin abastecimiento es enorme. Este tipo de programas no entregan solo alimentos, sino tranquilidad a la población», explicó el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Jaime Tohá, en una entrevista con Efe.
Tohá afirmó que la dotación está «asegurada hasta el 30 de diciembre», cuando terminaría el curso escolar en circunstancias normales, y que se trata de una política pública «acertada» por parte de la FAO, lo que se refleja en una «muy buena recepción» por parte de las familias.
Por su parte, la coordinadora del proyecto regional de Alimentación Escolar de la FAO, Najla Veloso, pidió a los gobiernos que su prioridad los próximos meses sea «la seguridad alimentaria y nutricional de su población», un «derecho humano» que debe estar protegido «en cualquier periodo».
Veloso puso en valor la importancia de la agricultura familiar en esta coyuntura, ya que puede beneficiar tanto a los pequeños campesinos afectados por la pandemia como a los receptores de dicho sustento.
GUATEMALA: REDIRIGIR PRODUCTOS PARA UN BENEFICIO COMÚN
Guatemala es otro ejemplo de éxito en mantener la cobertura de alimentación escolar en tiempos de pandemia, dando cobertura a 2,5 millones de estudiantes, la misma cantidad que antes de que el coronavirus paralizara las actividades.
Las hortalizas de Elda Magalí Interiano, en el municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, unos 200 kilómetros al este de la capital de Guatemala, han sufrido las inclemencias del mercado: un exceso de oferta ante la poca demanda provocada por el confinamiento y algunas decisiones políticas.
Las siembras de la agricultora -chipilín, lero, hierbabuena, hierba mora, cilantro y otras hierbas-, quien ha sido guiada por la FAO para adentrarse en la formalidad comercial, son ahora parte una red de productores que alimentan niños en escuelas locales.
«Ganábamos unos 500 a 600 quetzales diarios (de 70 a 80 dólares) y ahora estamos solo con 100 a 150 quetzales (de 14 a 20 dólares)», detalla a Efe Interiano, que no puede vender como lo hacía antes de que la COVID-19 llegara a Guatemala.
En el otro extremo, Berta Pérez, con siete hijos busca sobrevivir a la crisis creciente en un país donde el 59 por ciento de la población radica bajo el umbral de la pobreza.
Para la mujer comerciante, beneficiaria de un programa gubernamental que asiste la FAO y que lleva alimentos a sus hogares durante su inasistencia de los niños a la escuela, la situación se complicó por el coronavirus ya que «no he podido vender la cantidad de petates (alfombra de palma) que vendía antes», una situación que parece se mantendrá a mediano plazo con la penetración cada vez más fuerte del virus en el territorio.
¿DE CRISIS SANITARIA A CRISIS ALIMENTARIA?
América Latina y el Caribe sufrirán en 2020 la peor contracción económica de su historia, con una caída de 5,3 % del PIB promedio, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Pese a arrastrar varios años de lento crecimiento económico, los Gobiernos y autoridades subestatales «deben liderar la respuesta» a la crisis, dice a Efe Ricardo Rapallo, Oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO para la región.
«No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria», agrega.
Rapallo destaca que los programas de comida escolar han contado con «un alto compromiso» de toda la sociedad, con acciones «muy innovadoras» para superar una adversidad sin precedentes «en tiempos recientes».
Entre 2009 y 2020 se aprobaron leyes de alimentación escolar en nueve países de la región, lo que ha permitido estabilizar los presupuestos de estos programas, ampliar su alcance y vincularlos a la agricultura familiar por medio de las compras públicas.
América Latina y el Caribe enfrentan un gran reto los próximos meses: garantizar la comida a los más vulnerables. La alimentación escolar se ha convertido, en este contexto, en una «estrategia de protección social efectiva» y en una «herramienta valiosa» para los hogares más perjudicados.
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