La polémica propuesta de la Comisión Europea de considerar al gas y a la energía nuclear como fuentes de energía verde se ha materializado este miércoles. El organismo ha presentado su taxomonía energética dentro del proyecto de reglamento sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático, denominada ‘Taxonomy Complementary Climate Delegated Act’.
Por ActualidadRT
Después de meses de negociación y de polémica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha logrado imponer la visión de los dos países con más peso dentro del bloque: Francia y Alemania. El primero depende por entero de la energía nuclear, que constituye el 75 % de su matriz energética, mientras que el segundo lo hace del gas.
The EU is committed to achieving climate neutrality by 2050 and, under strict conditions, we need to use all the tools at our disposal to get there.
Today, we have presented a Taxonomy Complementary Climate Delegated Act on climate change mitigation and adaptation.#EUInvest
— European Commission (@EU_Commission) February 2, 2022
La nueva clasificación identifica a las actividades económicas que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 con una etiqueta verde, que ahora también llevarán el gas y la energía nuclear.
La importancia de este etiquetado es que pretende ser una orientación para inversores, canalizando el capital a actividades sostenibles, por lo que las tecnologías energéticas presentes en esta taxonomía pueden atraer inversiones multimillonarias en los próximos años.
La controvertida decisión aún no es definitiva, aunque teniendo en cuenta las correlaciones de fuerza, lo más seguro es que no sea retocada. El proyecto de reglamento ahora se remitirán al Consejo de Ministros de la Unión Europea y al Europarlamento.
Cualquiera de las dos instituciones podría devolver el texto a la Comisión Europea, para su reforma. Sin embargo, parece poco probable que en el plazo de cuatro meses que tienen para su escrutinio se produzca un veto, habida cuenta del equilibrio entre detractores y defensores del nuevo reglamento.
Aún así, la iniciativa podría sufrir otro revés: la posibilidad de que uno o varios países miembros de la UE denuncie el texto ante el Tribunal de Justicia europeo. Si consigue superar los posibles contratiempos, el reglamento entrará en vigor el próximo 1 de enero.
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