La Fiscalía General de Brasil ha denunciado al ministro de Educación, Milton Ribeiro, por un delito de homofobia ante el Tribunal Supremo Federal.
Ribeiro afirmó en una entrevista publicada en ‘Estadao’ en septiembre de 2020 que un adolescente opta por «andar el camino del homosexualismo» (sic) por vivir en un contexto familiar «desajustado».
«El adolescente que muchas veces opta por andar el camino del homosexualismo tiene un contexto familiar muy próximo. Basta con investigar. Son familias desajustadas, algunas. Falta atención del padre, falta atención de la madre. El niño de 12, 13 años opta por ser gay porque nunca ha estado con una mujer de verdad, con un hombre de verdad», dijo.
Además, Ribeiro había declarado previamente que «la biología dice que no es normal la cuestión del género» y cuando se le preguntó por la necesidad de la educación sexual en las escuelas dijo que «es importante prevenir los embarazos, pero no hay que incentivar las discusiones de género».
«Cuando un niño tiene 17, 18 años ya puede elegir y eso no es normal. La biología dice que no es normal la cuestión de género. La opción que toma como adulto de ser homosexual, yo la respeto, aunque no estoy de acuerdo», añadió.
El vicefiscal general Humberto Jacques de Medeiros considera que estas palabras inducen a prejuicios contra los homosexuales, «colocándolos en el campo de la anormalidad», «despreciándolos».
«Al decir que los adolescentes homosexuales proceden de familias desajustadas, el denunciado discrimina a los jóvenes por su orientación sexual y descalifica prejuiciosamente a las familias que los han criado calificándolas de desajustadas. Eso está fuera del campo del justo curso del orden social», ha argumentado De Medeiros.
El vicefiscal se basa en una sentencia del Tribunal Supremo Federal brasileño que por 8 votos a 3 equiparó el delito de homofobia al de racismo pese a que la homofobia no está tipificada como delito diferenciado.
Ribeiro ha anunciado ya que recurrirá la denuncia porque ya se disculpó de forma «firme» y pública y ha reiterado su «compromiso inquebrantable» con los derechos fundamentales. La Abogacía General de la Unión que representa al Gobierno ha subrayado la «clarísima ausencia» de delito.
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