La criticada falta de transparencia del Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión del coronavirus en Brasil, así como las medidas adoptadas por algunos estados para reactivar la economía del país cuando la COVID-19 está en plena escalada, han llevado a la Justicia a actuar como contrapeso en plena pandemia.
María Angélica Troncoso / EFE
El manejo de las cifras oficiales en los últimos días, con cambios constantes en su difusión e informaciones contradictorias, ha puesto un manto de duda sobre el verdadero número de muertes y contagios por coronavirus en la potencia suramericana y obligó a la Corte Suprema a tomar cartas en el asunto.
Brasil, con más de 700.000 infectados, es el segundo país del mundo con mayor número de contagios por COVID-19, un virus que ha cegado la vida de más de 37.000 personas en el país.
Desde que comenzó la crisis por la pandemia en Brasil, el Ministerio de Salud venía divulgando día a día las cifras consolidadas de infectados y fallecidos por el virus, pero en los últimos días optó por cambiar el método.
Primero retrasó el horario de publicación del boletín oficial hasta pasadas las 22.00 hora local (01.00 GMT del día siguiente) y después decidió no incluir el número total de casos y muertes por la enfermedad, publicando apenas las cifras registradas en las últimas 24 horas.
La nueva metodología levantó polémica y ha sido rechazada por las secretarías de Salud de los 27 estados de Brasil y por líderes políticos que acusaron al Gobierno de querer alterar las cifras y actuar de forma poco creíble, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que los datos se continúen comunicando de forma «coherente y transparente».
La Justicia no se hizo esperar y, en respuesta a un llamado de tres partidos de oposición, el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Tribunal Supremo de Brasil, ordenó este martes que el Gobierno vuelva a divulgar los datos diarios de la pandemia de forma consolidada, una decisión que fue acatada por el Gobierno,
Para el magistrado, el no adoptar medidas reconocidas internacionalmente como «la recolección, análisis, almacenamiento y difusión de datos epidemiológicos relevantes necesarios» puede «traer consecuencias desastrosas para la población».
Aunque esta decisión fue tomada en las últimas horas, no es la primera vez la Justicia interviene en las decisiones del Ejecutivo frente a la pandemia.
En abril, el Supremo reafirmó que los Gobiernos regionales y municipales tenían autonomía para imponer cuarentenas y restricciones que ayudaran a evitar la propagación del virus, en medio de la presión del Gobierno para retomar las actividades.
Bolsonaro, quien siempre ha restado importancia al virus al que considera como una simple «gripita», defiende desde un primer momento la reactivación de la economía brasileña e insta a que la gente salga a las calles a trabajar porque «el país no puede parar».
Para Acacio Miranda, experto en diversas áreas del derecho con doctorado en Derecho Constitucional del IDP y maestría en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada, la Justicia brasileña ha tenido que intervenir en las decisiones porque el Gobierno de Bolsonaro no ha realizado un buen manejo de la situación.
Según dijo el experto a Efe, la pandemia ha traído de por sí cosas negativas para el Gobierno que han terminado por «desgastarlo», lo que ha hecho que el Ejecutivo acabe tratando el tema con «inseguridad» y hasta «improvisando», por lo que «cabe a la Justicia reparar esas circunstancias».
LA JUSTICIA TAMBIÉN INTERVIENE EN LAS REGIONES
La crisis del coronavirus también ha llevado a la Justicia a pronunciarse en algunas regiones del país donde las medidas adoptadas por los gobernadores frente a la pandemia han sido modificadas por jueces para contener el avance de la enfermedad.
Tal ha sido el caso de Maranhao, en el empobrecido noreste del país, que a comienzos de mayo se convirtió en el primer estado brasileño en decretar el confinamiento total de la población, tras una decisión judicial.
El llamado «lockdown» fue ordenado en su capital, Sao Luis, y en su zona metropolitana, tras un pedido de la Fiscalía para evitar un colapso en el sistema de salud por el incremento de casos de COVID-19 en ese entonces.
Río de Janeiro, el segundo mayor epicentro de la pandemia en el país, también ha estado en el ojo de la Justicia, que esta semana derogó parte de los decretos por los que la Alcaldía y el Gobierno regional iniciaron procesos de desescalada de las medidas de distanciamiento social sin que la región hubiera alcanzado el pico de la curva de contagios.
Río fue uno de los primeros estados en imponer medidas de confinamiento social para evitar la propagación del virus pero desde hace un par de semanas ha comenzado a reactivar parte de su economía y en los últimos días anunció la apertura de restaurantes, bares, templos religiosos y centros comerciales, así como la reanudación de competiciones deportivas.
Esta desescalada ha sido fuertemente criticada por científicos y especialistas, que consideran que la flexibilización no debe darse en momentos en que las curvas de contagios están en pleno crecimiento.
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