El mecanismo es sencillo y funciona así: se descarga una aplicación en el móvil para marcado automático, se teclea el número de la oficina para pedir una cita de asilo y se fija un intervalo de dos segundos entre cada llamada no respondida. Y a esperar. Al cabo de una hora, la persona con esta aplicación habrá llamado más de mil veces a ese teléfono, 8.000 en un día. Jeff, un joven venezolano que llegó a España en febrero pasado, ha repetido esa rutina durante los últimos siete meses, la conoce de memoria y no deja que pase un día sin llamar, a la espera de que alguien conteste al otro lado y pueda agendar una cita para pedir protección internacional, por la represión de la que huyó en su país. Es un calvario, asegura: “Ya se vuelve algo mental; si estás afuera haciendo algo, en tu mente estás repitiéndote todo el tiempo ‘no estoy llamando, no estoy llamando’”. Es como si fuese un segundo trabajo.
España alcanzó en 2023 un récord histórico en peticiones de protección internacional: más de 163.000 solicitudes, en su gran mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos. Este año está a punto de superar ese récord: hasta noviembre, la cifra ya superaba las 155.000. El enorme caudal de peticiones lleva años poniendo contra las cuerdas al sistema. La altísima demanda y la falta de oferta favoreció un mercado negro en el que se comerciaban las citas de asilo hasta por 200 euros. Entre los que piratearon el sistema cayó un ingeniero que había creado robots capaces de acaparar las citas. El negocio consistía en venderlos a gestores y abogados que revendían los turnos por su cuenta. La Policía lo detuvo a principios de 2023 y raíz de la operación decidió que en las provincias con más demanda — Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras — las citas volverían a pedirse a la antigua: por teléfono. Un año y medio después, esta fórmula improvisada y, en principio, provisional, se mantiene y no funciona: esos teléfonos reciben miles y miles de llamadas cada día, pero solo se conceden algunas decenas de citas. Según datos suministrados por Interior a EL PAÍS, las comisarías de Madrid ofrecen 160 turnos diarios, 3.200 al mes.
El grupo en Telegram tiene más de 27.000 miembros. Al principio era puramente de venezolanos que llegaban a España a pedir asilo, pero ahora lo integran muchos latinoamericanos de otras nacionalidades. “Buenos días, bendiciones, ojalá a muchos nos contesten hoy”, escribe un usuario al empezar la jornada. El grupo está dividido por comunidades autónomas y por allí fluye la información sobre cómo pedir citas, cuáles son las líneas oficiales para llamar, cuál es la documentación necesaria. Han aprendido a llevar el proceso en colectivo, para acompañarse en un trámite que durará meses. Hasta que no les contesten esa llamada y puedan pedir formalmente el asilo, todos ellos estarán en situación irregular, sin papeles, sin poder trabajar con un contrato formal y, en caso de necesitarlo, sin acceso al sistema de acogida. Entre ellos, personas recién llegadas a España desde países con serias amenazas para los derechos humanos como Afganistán o Malí. Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que “al no poder acreditar documentalmente que son solicitantes de protección internacional — porque ese documento no se da, sino hasta el día de la primera cita — no tienen forma de acceder a estos derechos”.
Muchos de ellos, incluso, no cumplirán los requisitos para la protección internacional, pero tienen derecho a pedirla. De hecho, esta viene siendo la vía de muchos extranjeros para regularizarse en España, quienes después de que les negaban el asilo aplicaban a un permiso por arraigo. El nuevo reglamento de Extranjería les cerró esa posibilidad: a quienes les rechacen su petición de protección no les va a contar el tiempo que hayan permanecido hasta entonces en España para solicitar el arraigo.
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