Por primera vez en mucho tiempo los candidatos que este domingo estarán en la boleta electoral de El Salvador no proponen fórmulas milagrosas para terminar con la violencia de las pandillas. Si bien es cierto que son elecciones legislativas y no presidenciales, esta vez los partidos no exigen la pena de muerte, el toque de queda, la mano dura o la ‘supermano dura’, como llegó a proponer un candidato años atrás. Simplemente, el tema de la violencia ha desaparecido del debate.
Después de décadas de sangrienta violencia de las pandillas, las tasas de homicidios se han desplomado en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019. En estos 20 meses de gestión, El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo sin una guerra declarada a tener las tasas más bajas de la región.
Para Nayib Bukele, cuyo partido Nuevas Ideas logrará este domingo, según todos los sondeos, una aplastante victoria en las elecciones legislativas, la reducción se debe a su plan de seguridad, por el que ha desplegado a 5.000 soldados por el pequeño país centroamericano. Las revelaciones del periódico El Faro, señalan, sin embargo, que el descenso se debe a un pacto con las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, un ‘ejército’ de 60.000 pandilleros en un país de siete millones de habitantes. En cualquier caso, el hecho objetivo es que en 2015 el país contabilizaba 20 asesinatos diarios y hoy ronda los cuatro. Hace seis años, El Salvador tenía una tasa de 103 muertos por cada 100.000 habitantes y hoy está en 19. Más allá de la tabla de Excel, una disminución así supone un gran cambio para la población: tomar el autobús sin temor, mirar el celular en la calle o tomar un taxi en la noche.
Según Francisco Mancilla, comisionado de seguridad en el municipio de Apopa, en la periferia de San Salvador, “no tener que atender un alto número homicidios permite destinar más efectivos a la prevención y a hablar con la comunidad. Una situación de calma permite que se reactive el comercio y los negocios en colonias donde antes era imposible trabajar por la delincuencia”, señala a EL PAÍS este oficial al mando de 850 agentes.
La administración de Bukele presume de que el país tiene la tasa diaria de mortalidad más baja desde el final de la guerra civil (1980-1992) debido, entre otras medidas, a que la policía y el ejército han doblado su presencia en los 22 municipios con mayores tasas de violencia, al tiempo que ha endurecido las medidas de confinamiento en las cárceles en un intento por cortar las comunicaciones entre los líderes recluidos y la calle. Para algunos expertos consultados, más que un pacto entre el Gobierno con las pandillas a cambio de beneficios carcelarios o privilegios para algunos líderes, se trata de un frágil acuerdo que aun está sentando sus bases.
Eso no le ha impedido al mandatario mostrarse como un presidente inflexible ante la violencia. Durante el más de año y medio que lleva de gestión, Bukele ha exhibido su tono más duro para hablar de un tema sensible en un país roto por la violencia. En abril de 2020, cuando varios asesinatos dejaron más de 80 muertos en un lapso de cinco días, Bukele autorizó a la policía a disparar a matar para someter a las pandillas. Desde su cuenta de Twitter distribuyó imágenes del interior de la cárceles de alta seguridad de El Salvador que mostraban a reclusos de distintas pandillas forzados a compartir celdas sin ver el sol. Tres meses después, el 22 de julio de 2020, el joven mandatario escribió “El Salvador vive un día más sin homicidios”, junto a una imagen de soldados completamente armados. El mensaje hubiera hecho a cualquier frotarse los ojos hace solo cinco años.
El descenso de la violencia “es innegable”, dice José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA). “Es algo que se puede ver en la calle y esto da un respiro a la población que vive sometida a la violencia diaria y de no poder ir a la tienda de la esquina, a la escuela o simplemente desplazarse en la ciudad”, añade en entrevista en el campus de la universidad en San Salvador.
Sobre la estrategia de militarización que hay detrás, un análisis de Insight Crime reveló que 31 municipios que no formaban parte del plan de Control Territorial tuvieron una disminución en los homicidios similar a la de los 22 que sí estuvieron incluidos en él. En su publicación, El Faro detalló que el gobierno llevaba un año negociando con la MS-13 a cambio de una reducción de homicidios y apoyo a estas elecciones. No obstante, los homicidios ya estaban bajando antes de que Bukele asumiera el cargo y en 2018, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, habían caído a la mitad respecto a tres años antes.
Sin embargo, la violencia de las pandillas está lejos de estar resuelta. El nuevo riesgo es que las pandillas ingresan ahora bastante menos por extorsión debido a la pacificación de las calles y el confinamiento, por lo que en caso de incumplimiento, la respuesta podría ser peor.
Negociar con las pandillas es un asunto tabú en El Salvador por lo impopular que resultaría hablar con quien ha desangrado el país durante décadas, pero ha sido un recurso habitual también en otros gobiernos. Mauricio Funes (2009-2014), hoy fugado en Nicaragua, negó haber dialogado con los pandilleros hasta que la prensa reveló el pacto. La ruptura de la tregua vigente entre 2012 y 2013 provocó un repunte sin procedentes que evidenció los riesgos de la negociación.
Los datos oficiales de la Policía siguen contando a más de 60.000 pandilleros activos de las tres pandillas, una cifra que no ha variado desde 2010. La estructura sigue intacta y las extorsiones ocurren en todo el país.
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