El Ministerio Público de Nicaragua emitió un comunicado en el que condena a los reos de conciencia de antemano como “criminales y delincuentes”. Sus familiares han denunciado que son víctimas de torturas.
El Ministerio Público controlado por el Gobierno de Daniel Ortega anunció este lunes que iniciará los juicios contra los 36 presos políticos que mantiene desde junio de 2021 en la temida cárcel de El Chipote, donde aspirantes presidenciales opositores, líderes estudiantiles, campesinos, empresarios y activistas sufren torturas, según han denunciado sus familiares. Las audiencias serán realizadas bajo hermetismo en la misma prisión donde llevan meses detenidos, por lo que no se podrá ver las condiciones en la que se encuentran los reos, después de que sus familiares denunciaran torturas y malos tratos.
“Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, reza una parte del comunicado en el que el Ministerio Público anuncia que se retoman los juicios con un lenguaje que los condena de antemano. “Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía. Son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias de los nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, agrega el documento.
Para los familiares de los presos, el propio anuncio reafirma la naturaleza política de los procesos. “A ese comunicado de la Fiscalía solo faltó que le adjuntaran la condena”, dijo uno de ellos, que no quiso ser identificado por temor a represalias. La indignación también es compartida por defensores de derechos humanos. “El comunicado, al llamarlos delincuentes y criminales, es una demostración de que son operadores políticos que están a la caza de lo que ellos consideran enemigos”, apuntó el abogado Gonzalo Carrión, exiliado en Costa Rica.
El martes se retoman los juicios a opositores presos, tras una suspensión de tres meses ante una supuesta “saturación” de los tribunales. En total, serán 47 detenidos los que enfrenten procesos: los 36 de El Chipote, más otros 11 que están bajo arresto domiciliario. Los procesos se producen en un momento de máxima desesperación para sus seres queridos: denunciaron que los reos de conciencia atraviesan una delicada situación de salud; pérdida de peso, shock emocional y agudización de enfermedades crónicas debido a los malos tratos que sufren en El Chipote, formalmente llamada Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Los familiares pidieron la semana pasada a “los gobernantes, fuerzas vivas de la nación y a la Iglesia católica” encabezar “un proceso de unificación ciudadana”, con el fin de liberar a los 170 reos detenidos por razones políticas.
La reactivación de los juicios políticos también es precedida por el anuncio de los empresarios representados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que expresó sus intenciones de sentarse con Ortega para la liberación de “tres amigos”, en referencia a los directivos de la patronal encarcelados a mediados de año. La hipotética instauración de un diálogo ha dividido incluso a los familiares de presos políticos, ya que unos consideran que Ortega lo usará para ganar legitimidad tras su reelección desconocida por la comunidad internacional. Entre ellos pesa el sentido de urgencia para liberar a los presos que sufren torturas.
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