Un tribunal de primera instancia de Curazao, a cargo del juez S.M. Christiaan, ordenó este viernes 6 de octubre la inmediata reunificación con sus madres de dos niños venezolanos de 9 años de edad, que fueron detenidos junto con otras 17 personas a bordo de una lancha que trató de ingresar de forma irregular a la isla el 20 de septiembre.
El fallo judicial exige al gobierno curazoleño “remediar inmediatamente la situación ilícita y cooperar en la reunificación entre los reclamantes y los menores”, y le impone “pagar las costas judiciales de los demandantes por valor de 1.950 florines (1.092 dólares)”.
La Guardia Costera del Caribe informó el miércoles 20 de septiembre que interceptó una embarcación donde se trasladaban 19 personas de nacionalidad venezolana: siete mujeres, siete hombres y cinco niños.
Los adultos fueron entregados a la policía, acusados de tráfico y trata de personas; mientras que los niños fueron llevados al internado “Huize Sint Jozef”. Organizaciones de Derechos Humanos cuestionaron esta acción, denunciando que los niños estaban aislados, separados de sus padres y representantes.
Para justificar su intervención, el Ministerio de Justicia de Willemstad publicó un comunicado que señalaba: “En cuanto al bienestar de los menores, siguiendo los procedimientos del Ministerio de Justicia, fueron confiados a una institución para niños apropiada y segura en espera de los resultados de la investigación. No se puede revelar información sobre su paradero para proteger la seguridad de los menores. La investigación sobre trata de personas está a cargo del Ministerio Público y con base en los resultados se tomarán las medidas necesarias”.
Sin razón
Las madres que lograron reencontrarse con sus hijos son identificadas como Noliannis Guadalupe Barragán Vargas y Zoilikar Yamalit Vargas Vargas, quienes contaron con la asesoría de la fundación Human Rights Defense Curacao (HRDC).
Barragán Vargas y Vargas Vargas pueden cantar victoria por volver a abrazar a sus hijos; sin embargo, HRDC advierte que aún siguen en el internado separado de sus padres otros cuatro niños venezolanos: tres del caso del 20 de septiembre y uno que llegó en una lancha semanas antes.
El fallo judicial indica que Barragán Vargas y Vargas Vargas ya residían en Curazao, es decir, no formaban parte del grupo detenido el 20 de septiembre. Agrega que al acercarse a la comisaría para ver a sus hijos, las señoras fueron arrestadas y tras ser presentadas ante un juez de instrucción penal, quedaron en libertad por falta de pruebas en su contra relacionadas con la investigación por tráfico y trata de personas.
Con el apoyo de HRDC, las madres enviaron una carta al Ministerio de Justicia el 27 de septiembre solicitando la reunificación, pero la petición no fue atendida. El gobierno de Curazao argumentó que no podía determinar que las demandantes fueran las madres biológicas de los niños; sin embargo, el tribunal determinó que existen sobradas evidencias que confirman el vínculo.
Al evaluar todos los elementos, el juez concluyó que el gobierno de Curazao “está actuando de manera ilícita frente a los demandantes al impedir la reunificación con los menores (…) Curazao no ha actuado con la debida rapidez y buena voluntad (…). Esta situación ilegal no debe continuar. Los reclamantes deben por tanto reunirse con los menores”.
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