La policía detuvo este jueves, en el marco de la operación Lava Jato, al empresario Eike Batista, quien llegó a ser el hombre más rico de Brasil y actualmente se encontraba bajo arresto domiciliario tras haber pasado tres meses encarcelado en 2017, informaron fuentes judiciales.
Batista fue arrestado por orden del juez federal criminal Marcelo Bretas, quien en 2018 condenó al empresario a 30 años de prisión por corrupción activa y lavado de dinero después de que se diera por probado que le pagó comisiones ilegales al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, para adjudicarse contratos públicos.
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En el momento de la detención, el exmagnate, de 62 años, se encontraba en su vivienda en Río de Janeiro, donde cumplía arresto domiciliario desde hacía cerca de dos años y medio.
La operación Secreto de Midas, un brazo de la operación Lava Jato, fue autorizada por el juez Bretas a petición del Ministerio Público Federal y tiene como objetivo buscar pruebas de manipulación del mercado de acciones y de blanqueo de capitales.
Batista llegó a ser el séptimo hombre más rico del mundo y acumuló hasta 2010 una fortuna estimada en cerca de unos 30.000 millones de dólares a través de negocios de minería, petróleo y materias primas que se extendieron por varios países de la región.
Hijo del exministro Eliezer Batista, el empresario disfrutaba con la ostentación y el despilfarro.
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Entre sus excentricidades figura la compra de uno de los mayores yate de Brasil, con 35 metros de eslora, y de varios coches de colección, como el Lamborghini Aventador que decoraba el salón de su mansión, en el barrio de Jardín Botánico, y del que terminó desprendiéndose por un millón de dólares.
No obstante, hace unos años el imperio se vino abajo por la mala gestión y la crisis internacional del crudo y las materias primas.
Tras ser detenido, Batista colaboró con las investigaciones sobre la corrupción en la estatal Petrobras, y en su declaración confesó haber colaborado de forma fraudulenta con algunas campañas electorales, mediante “donaciones” que no eran declaradas a las autoridades fiscales y correspondían a comisiones acordadas por la adjudicación de contratos públicos.
EFE
