El expresidente peruano Martín Vizcarra seguirá en libertad mientras es investigado por la acusación de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014), resolvió este martes el Poder Judicial de Perú.
EFE
La Primera Sala de Apelaciones Especializada en Corrupción de Funcionarios declaró infundada la apelación de la Fiscalía ante una resolución en primera instancia que tomó el pasado 18 de marzo la jueza María de los Ángeles Álvarez.
El tribunal confirmó que Vizcarra continuará con comparecencia con restricciones, y no ingresará 18 meses en prisión preventiva, como solicitó la Fiscalía, pero aumentó la caución que deberá pagar, de 100.000 a 250.000 soles (27.700 dólares a 69.400 dólares).
DELITOS DE CORRUPCIÓN
El alto tribunal incrementó el monto de la caución porque Vizcarra está siendo investigado por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado como colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir.
El exgobernante (2018-2020), quien actualmente se postula para ocupar un escaño en el Congreso, es investigado por el fiscal anticorrupción Germán Juárez por las acusaciones de haber recibido sobornos durante las licitaciones para la construcción del proyecto hídrico Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.
Colaboradores de la justicia han declarado ante la Fiscalía que Vizcarra recibió por el primer proyecto un millón de soles (270.000 dólares) y por el segundo 1,3 millones de soles (350.000 dólares), pagados por las constructoras Obrainga e Iccgsa, respectivamente.
«CHIVO EXPIATORIO»
Durante la vista en primera instancia del pedido de prisión preventiva, Vizcarra defendió su inocencia y afirmó que se sentía «como un chivo expiatorio» de la Fiscalía, ante la lentitud para procesar a los implicados en los casos Odebrecht y «Club de la construcción», como se conoce a un grupo de constructoras que pagaban sobornos para ganar concursos de obras públicas en Perú.
Aseguró, además, que desde el despacho del fiscal «se filtró el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz (delator premiado) fuera de contexto e incompleto», lo que fue utilizado por la oposición en el Congreso «para llevar a cabo una vacancia (destitución) ilegal».
El exgobernante fue destituido el pasado 9 de noviembre por el Congreso por «incapacidad moral», tras hacerse pública la denuncia de los presuntos sobornos, a pesar de que el caso aún no tenía un proceso judicial en marcha, lo que dio pie a una grave crisis política y social que llevó al país a tener tres presidentes en tan solo una semana.
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