Aunque Brasil ha vuelto a un estado de calma en el que las instituciones democráticas siguen mostrando su resistencia, no faltan los giros. El último se refiere a un documento encontrado durante un allanamiento policial a la casa de Anderson Torres, ex ministro de Justicia del gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que desde el 2 de enero pasó a ser secretario de Seguridad del Estado del Distrito Federal en el que se ubica Brasilia. Se trata del borrador de un decreto presidencial para establecer el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral, (TSE) presidido por el juez del Tribunal Supremo (STF) Alexandre de Moraes. Según el diario Folha de São Paulo, el texto remonta a después de las últimas elecciones y pretendía investigar abusos de poder, sospechas y medidas ilegales tomadas por el presidente del TSE antes, durante y después del proceso de votación. Se trataría de “un intento abortado de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales ganadas por Lula”.
Maria Zuppello /INFOBAE
De acuerdo con el artículo 136 de la Constitución brasileña, el estado de defensa es un instrumento que el presidente puede utilizar para preservar o restablecer inmediatamente el orden público o la tranquilidad social amenazados por perturbaciones institucionales graves o afectados por calamidades de grandes proporciones en la naturaleza y se establece por decreto. En Twitter, Torres acusó a Folha de “alimentar narrativas falaces” contra él por filtrar el documento “fuera de contexto”. “Había una pila de documentos para tirar en mi casa, donde muy probablemente se encontró el material mencionado en el artículo. Habría llevado todo al Ministerio de Justicia para que lo destruyeran de la forma más adecuada”, dijo Torres. Oficialmente de vacaciones en Estados Unidos durante el ataque, fue detenido en estas horas, luego de aterrizar en Brasilia en un vuelo salido desde Miami. Fue preso él en relación con los graves fallos de seguridad que condujeron a la invasión de los palacios del poder de la capital el pasado domingo.
Según fuentes del Ministerio Público Federal oídas por el sitio brasileño de noticias ‘O Antagonista’, el hallazgo de este documento no puede conducir directamente a la detención de Bolsonaro porque no está firmado y está enteramente mecanografiado. Sin embargo, se puede añadir a otras pruebas. La Corte Suprema de Brasil dijo ayer que investigará al expresidente por inspirar a la multitud que irrumpió en los palacios del poder. Pero, según la prensa brasileña, a pesar del lema que hace estragos en las redes sociales “no a la amnistía”, Lula no está interesado en la detención de Bolsonaro, ni parece estar a favor de una comisión parlamentaria de investigación de los actos antidemocráticos. Incluso se refirió a los manifestantes violentos del 8 de enero simplemente como “locos” en lugar de terroristas, como ha hecho su partido desde el principio. La razón la explica bien un tuit, después borrado, del escritor Paulo Coelho: “Espero que Lula no caiga en la trampa de arrestarlo. No convertir al verdugo en víctima”.
El verdadero impacto de los acontecimientos de la última semana está, en cambio, en la nueva relación que está surgiendo entre el presidente brasileño y los militares, una relación delicada en la historia de Brasil, en la que incluso en momentos de paz siempre planea el fantasma de los años de la última dictadura. Si Bolsonaro se rodeó de generales en su gobierno, empezando por su vicepresidente Hamilton Mourão, Lula ahora se distancia de los militares.
“Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen ser”, declaró reiteradamente en estos días. Aliados de Bolsonaro recientemente defendieron la tesis, no prevista en la Constitución, de que los militares podrían intervenir en el gobierno, en una interpretación del artículo 142. Lula probablemente no olvidó que en 2018 el comandante del ejército Eduardo Villas Bôas con un tuit presionó al Supremo Tribunal Federal para que no concediera un habeas corpus que podría haberle quitado 580 días de prisión, pero que probablemente habría sido denegado de todos modos.
El presidente también declaró que perdió la confianza en referencia a supuestas amenazas públicas recientes que recibió de militares vinculados al general Augusto Heleno, asesor de Bolsonaro y ex-ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI). Pero la mayor acusación sigue siendo la de que la fuerza militar fue el caballo de Troya del intento de golpe. “Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien facilitó su entrada aquí”, dijo Lula.
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