El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este miércoles que el borrador debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que estipula la ampliación de las restricciones de movilidad en diez municipios de esta región, «no ha sido aprobado por consenso», por lo que «no es jurídicamente válido».
Al término de la rueda de prensa ofrecida por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Escudero lo acusó de mentir. «El ministro ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada y es falso. Dijo que Madrid se mostró satisfecha con la reunión del martes y es falso«, aseguró.
Escudero también recalcó que el documento «recoge decisiones que atañen a libertades fundamentales y libertades de millones de personas». «El ministro ha aprovechado la reunión para imponer decisiones que afectan a muchos españoles», denunció.
Por otra parte, Escudero argumentó que la situación en torno a la pandemia «empieza a estar controlada» en la región.
En el caso de que la orden se publique en el BOE, «se valorarán desde la Abogacía del Estado» las medidas a tomar, adelantó el consejero, que opina que el Gobierno español «tiene prisa por intervenir en Madrid, y no por luchar contra el virus».
¿Qué establece el acuerdo?
El plan del Gobierno no solo afectaría a los residentes de Madrid, sino a todos aquellos que vivan en ciudades de más de 100.000 habitantes. Así, en estas poblaciones (67 en todo el país, en las que viven más de 18 millones de personas) se deberían tomar medidas restrictivas cuando se alcancen los siguientes tres parámetros:
- Una incidencia acumulada en los últimos 14 días de más de 500 casos cada 100.000 habitantes.
- Más de un 10 % de positivos en las pruebas diagnósticas realizadas.
- Ocupación de las camas UCI superior al 35 %.
En el caso de la región de Madrid la incidencia acumulada está cercana a 800, la positividad supera el 20 % y la ocupación UCI ya se encuentra por encima del 40 %, por lo que en la capital del país y en los grandes municipios del sur de la región se deberían implementar las limitaciones de inmediato.
Según confirmó Illa, las localidades que cumplan esos criterios deberán limitar los movimientos de sus ciudadanos, que no podrán entrar ni salir de sus municipios; así como reducir los aforos y los horarios de los locales comerciales, limitar reuniones a un máximo de seis personas y reforzar su sistema sanitario.
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