Este martes, el Tribunal de Apelaciones de Londres revisará el recurso presentado por el equipo legal de la dictadura de Maduro contra el fallo que le permite al gobierno interino de Guaidó tener acceso a los lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra.
Tras escuchar a las partes hasta el jueves, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán, en una fecha por concretar, si su colega Nigel Teare, de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, acertó cuando el 2 de julio se pronunció a favor de Guaidó.
Teare dictó entonces que es la junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Juan Guaidó, presidida por Ricardo Villasmil, y no la oficial designada por Maduro y encabezada por Calixto Ortega, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolanos, valorados en unos 1,300 millones de dólares.
El juez consideró que el Gobierno británico ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país sudamericano y es por tanto la junta nominada por él -que ha sido declarada ilegal en Venezuela y cuyos miembros viven en el extranjero- la que tiene autoridad sobre las reservas.
También dictó que “no es justiciable” -es decir, que el tribunal inglés no tiene potestad para someter a examen- la legalidad, en base al derecho venezolano, de los nombramientos a la junta del BCV hechos por el dirigente opositor, que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Caracas.
Durante ese proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, adujo que, aunque el Gobierno de Londres declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como “presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones creíbles”, en la práctica “mantiene lazos diplomáticos” con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.
Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto el tribunal debe hacer lo mismo en base a la doctrina de “una sola voz” aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones estatales a mantener una posición unificada en política exterior.
EFE
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