Alrededor de 300 personas se manifestaron este viernes en el centro de Santiago de Chile para pedir la renuncia del presidente del país, Sebastián Piñera, por las presuntas irregularidades que divulgaron los papeles de Pandora y por las que va ser investigado por la Fiscalía.
La concentración fue convocada por Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y distintas organizaciones sociales y medioambientales y se prolongó durante unas tres horas en la céntrica Plaza Italia de la capital chilena, epicentro de las protestas de 2019, hasta que los efectivos policiales acudieron a dispersar a los presentes.
El evento transcurrió de forma pacífica, con apenas alguna barricada con fuego, cánticos, tambores y muchas pancartas y lemas en contra de Piñera y también pidiendo la liberación de las personas detenidas durante el estallido social de 2019.
«Basta de corrupción en nuestra tierra, estudiantes dicen fuera Piñera», se podía leer en una de las pancartas, mientras que en otras se referían al mandatario como «ladrón».
La Fiscalía anunció este viernes la apertura de una investigación por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 de su participación en un proyecto de megamineria llamado Minera Dominga.
Esta transacción contenía una condición de pago vinculada a políticas ambientales y fue realizada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014).
Así lo consignaron el pasado domingo los papeles de Pandora, publicación a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot.
La publicación detalló que Piñera vendió su participación en el proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, según el ICIJ, algo que no ocurrió pese a que en la zona hay una reserva natural con pingüinos únicos que podrían entrar en peligro por la mina.
El mandatario defiende que estos hechos ya fueron investigados por la Justicia chilena en 2017 y la causa quedó sobreseída y él declarado inocente.
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