En medio de la crisis global que ha generado el coronavirus no sorprende escuchar que en un país cierren miles de empresas. Pero en Argentina, la llegada de la pandemia simplemente aceleró un proceso que ya venía ocurriendo.
Por BBC
La nación sudamericana atraviesa una profunda recesión desde 2018 y durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) ya habían cerrado más de 24.500 pequeñas y medianas empresas (pymes), según el registro de empleadores de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP).
El problema se agravó con la llegada de la covid-19 en marzo pasado y la decisión del nuevo presidente Alberto Fernández de decretar una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, que obligó a comercios y empresas no esenciales a cerrar sus puertas por meses.
Según muestran las cifras de la AFIP, otras 24.000 empresas desaparecieron durante los primeros cinco meses del mandato de Fernández, quien asumió en diciembre pasado.
Y no son solo las firmas nacionales las que están bajando sus persianas.
Antes de que llegara el coronavirus, multinacionales como Telefónica, Nike, Wrangler y Lee habían anunciado que dejarían de operar no solo en Argentina, sino en varios mercados sudamericanos considerados poco rentables.
Pero esta mala racha se ha acentuado en Argentina: en las últimas semanas varias empresas internacionales más han anunciado su partida.
La agencia Bloomberg informó recientemente que la aerolínea chilena Latam, las fabricantes de pinturas para autos BASF, de Alemania, y Axalta, de Estados Unidos, así como la empresa francesa de autopartes Saint-Gobain Sekurit decidieron dejar de operar en el país sudamericano.
El medio especializado en finanzas destacó que «el coronavirus es apenas uno de los motivos» para lo que llamó un «éxodo» de empresas.
«Demasiado complicado»
Según Bloomberg, «hacer negocios en la tercera economía más grande de América Latina es demasiado complicado y poco rentable, incluso sin tener en cuenta la pandemia de coronavirus».
Las principales dificultades son «los poderosossindicatos, la política volátil, los controles de precios y divisas, y otras formas de intervencionismo estatal».
El ejemplo más claro, señala, es el de Latam, que decidió dejar de operar vuelos de cabotaje en el país, después de 15 años, no por la crisis que atraviesan las aerolíneas en todo el mundo por la pandemia, sino por su hartazgo con lo que la empresa llamó «los conflictos constantes» de su operación argentina.
Estos incluyeron una dura y prolongada confrontación con los gremios aeronáuticos, uno de los más combativos del país, que organizaron huelgas que «causaron pérdidas significativas».
La aerolínea también se quejó de las intervenciones del Estado que los perjudicaron, como la creación de un nuevo «impuesto solidario» que se aplica a los boletos aéreos para destinos afuera de Argentina.
Todas estas trabas hicieron que operar en el país resultara un 41% más costoso y que la productividad de la tripulación fuera un 30% más baja que en cualquiera de los otros 26 mercados en que los que opera Latam, se informó.
Falta de confianza
El caso de la aerolínea chilena no es único. Por décadas las empresas extranjeras se han quejado de las dificultades y la falta de previsibilidad que enfrentan a la hora de tratar de hacer negocios en Argentina.
«Que empresas se estén yendo o argentinos se quieran ir del país tiene que ver con las reglas de juego que desalientan el desarrollo, el crecimiento y generan los grandes problemas que fuimos acumulando a lo largo del tiempo», señaló recientemente el reconocido columnista político Sergio Berensztein.
«La calidad institucional es el gran problema de Argentina», afirmó en declaraciones a Radio Mitre.
A estos problemas estructurales se suman las crisis económicascíclicas que atraviesa el país, que hacen que la moneda local se desplome y que la inflación se dispare, afectando la rentabilidad del negocio.
Todo esto explica por qué incluso un gobierno considerado promercado, como el de Macri, no logró atraer la inversión extranjera que había prometido.
En esencia, resumen muchos expertos, el problema es la falta de confianza que genera el país.
«Gobierno antiempresa»
Si bien el presidente Fernández heredó muchos de los problemas que hoy enfrenta y además le tocó en suerte tener que lidiar con una crisis global como la que generó la covid-19, sus críticos afirman que empeoró el panorama con muchas de las decisiones que tomó durante su escaso medio año en el poder.
Un ejemplo es el de la enorme deuda externa arrastrada de su antecesor, pero que aún no ha podido renegociar, haciendo que Argentina caiga por novena vez en default o cesación de pagos, un escenario que muchos creían evitable.
Otro traspié que le achacan sus detractores fue su anuncio de que expropiaría la principal molienda de granos de Argentina (y una de las principales empresas agroexportadoras del país): Vicentin, que entró en concurso de acreedores por el presunto mal manejo de sus dueños, acusados de «vaciar» la cerealera.
El fuerte rechazo popular que causó la iniciativa, incluidas varias movilizaciones, llevó al gobierno a dar marcha atrás con su decisión.
Según Bloomberg, tanto este intento frustrado como la caída en default han sido mal vistos por los inversores extranjeros.
Fernández, quien suele exaltar el papel de un Estado fuerte y «presente», también ha tenido enfrentamientos con el empresariado local.
En marzo pasado llamó «miserables» a los empresarios que advirtieron que despedirían personal por la crisis que generó el coronavirus. «No dejaré que lo hagan», anticipó, antes de aprobar un decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones.
El decreto, que duraba dos meses, ya ha sido extendido dos veces, y está vigente hasta finales de septiembre.
Todo esto ha llevado a que tanto Bloomberg como otros actores económicos consideren que el gobierno de Fernández es «antiempresa», acusación que el mandatario rechaza tajantemente.
Ayuda estatal
El presidente, que en las últimas semanas ha tenido gestos conciliadores con los líderes empresariales -cosa que fue criticada por su vicepresidenta, Cristina Fernández- sostiene que su respaldo al sector privado se ve claramente a través del «enorme esfuerzo» que hace el Estado para ayudar a las empresas durante la pandemia.
A través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Estado ha estado subsidiando el 50% de los salarios de más de 2 millones de trabajadores de compañías privadas.
En total, el ATP cuenta con un presupuesto de unos US$1.190 millones.
El Estado también creó un fondo de unos US$730 millones para facilitar el acceso a créditos bancarios de las pymes.
Ante la imposibilidad de acceder a financiación externa, el gobierno ha tenido que imprimir dinero para poder brindar esta ayuda y hoy financia la mitad del gasto público estatal con emisión monetaria, algo que podría eventualmente agravar la inflación.
Sin embargo muchas de las cámaras que agrupan a distintos sectores han advertido que la ayuda no alcanza.
Además, expertos advierten que en un contexto en el que decenas de miles de empleadores no están generando ingresos desde hace cinco meses, la prohibición de despedir o suspender a trabajadores es una presión extra que llevará a miles de empresas más a la quiebra.
«Prohibir los despidos le quita un gran margen de maniobra a las empresas», explicó a BBC Mundo Martin Vauthier, director de la consultora económica Eco Go.
Los costos laborales son el principal gasto de cualquier empleador. Por ello, advierte Vauthier, «si no se habilita esa posibilidad de achicar costos el riesgo es que la empresa cierre».
De esta forma, dice el economista, con la intención de proteger a los trabajadores se está poniendo en riesgo su fuente de trabajo.
«Las empresas más complicadas son las pequeñas», destaca, lo que es un gran problema, dado que las pymes generan el 75% del empleo en el país.
«Peor que en 2001»
Algunos analistas advierten que el cierre de empresas ya es peor del que ocurrió durante lo que hasta ahora había sido la crisis económica más grave que padeció Argentina en su historia: la de 2001/2002.
Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas (Cipol), dijo a BBC Mundo que durante esa crisis cerraron unas 20.000 empresas, menos de las que ya han desaparecido en el primer semestre de este año.
El politólogo alertó que esta «masacre de empresas» podría ahondarse.
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