El ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, aseguró este martes que las vacunas contra la covid-19 son seguras, eficaces y efectivas, al tiempo que pidió que la gente sea «muy cuidadosa» cuando se refiera a estos temas.
EFE
El titular de la cartera remarcó esto durante una conferencia de prensa que brindó pocas horas después de que el Tribunal de Apelaciones revocara el fallo de primera instancia en el que un magistrado suspendió la inoculación a los menores de 13 años tras hacer lugar a un amparo.
«No existen grafenos en las vacunas. Parece mentira que tenemos que estar diciendo todo esto después de un año y medio de vacunación. No hay nanoelementos digitales que se activan con el celular, no hay ARN que modifique el ácido desoxirribonucleico del núcleo», afirmó.
Asimismo, remarcó: «Estas vacunas no son experimentales, pasaron la fase 3 y la fase 4 de estudios. Hoy hay 3.500 millones de dosis dadas en el mundo».
De acuerdo con esto, el ministro dijo que cuando se opina «sin idoneidad» se daña no solo a las vacunas contra el coronavirus Sars-CoV-2, sino también «al resto del programa de vacunación».
Este martes, el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia mediante el que el juez Alejandro Recarey suspendió el pasado 7 de julio la inoculación a los menores de 13 años tras hacer lugar al amparo presentado por un abogado, a pesar de que esta no es obligatoria.
En su fallo, el Tribunal de Apelaciones destaca que el abogado que presentó el amparo «no tiene legitimación» para promover ese accionamiento, «ni por sí en su calidad de abogado y ciudadano, ni en representación de los intereses difusos de los menores de 13 años de edad».
«En sistemas como el nuestro en que existen organizaciones que se encargan de velar por los derechos de los niños, como el Ministerio Público, el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), y diversas organizaciones no gubernamentales, no parece razonable la promoción de una acción de amparo por parte de ciudadanos o habitantes de la República, invocando representación de ‘intereses difusos’, alegando peligros hipotéticos que no se prueban», remarca.
Asimismo, señala que no hay «ilegitimidad» en la conducta llevada a cabo por las autoridades sanitarias «a efectos de preservar la salud de los habitantes en lo que constituye su competencia exclusiva y excluyente, no pudiendo inmiscuirse un sistema orgánico en lo que constituye la esfera competencial privativa de otro sistema».
«No se da tampoco la lesión actual o inminente porque se viene vacunando desde hace trece o cinco meses respectivamente respecto de los menores. No se probó en estas actuaciones lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad, dado que la vacunación nunca fue obligatoria, siempre fue y es facultativa», añade.
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