El Gobierno francés prometió este domingo que no habrá impunidad contra los ministros acusados por un programa de televisión de participar en cenas y fiestas clandestinas celebradas en lugares exclusivos de París sin respeto normas de seguridad.
La cadena M6 inició la polémica tras una investigación con cámara oculta difundida esta semana en la que un organizador de esas veladas admitía que en las mismas habían participado miembros del Ejecutivo, aunque no los identificó.
Este domingo, la etiqueta #OnVeutLesNoms (#QueremosLosNombres) se convirtió en tendencia en Twitter, con más de 16.000 mensajes de internautas que pedían conocer quiénes son y pedir su futura dimisión.
«He solicitado al prefecto de Policía de París que compruebe la veracidad de los hechos para que, si son ciertos, persiga a los organizadores y a los participantes de esas cenas clandestinas», dijo también en Twitter el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
La Policía contestó con otro mensaje donde señaló que se ha abierto una investigación.
Por su parte, la ministra delegada de la Ciudadanía, Marlène Schiappa, añadió que si se comprueba que algún integrante del Ejecutivo ha formado parte de esos encuentros no tendrá privilegio alguno.
«Si ministros o diputados se han saltado las reglas, es necesario que haya multas y que sean sancionados igual que cualquier otro ciudadano», recalcó en la emisora Europe 1, agregando además en Twitter que la dimisión se da por hecha si se confirman las acusaciones.
Sus palabras fueron en la misma línea que las del ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que aunque aseguró estar convencido de que sus colegas no han ido a esas veladas, instó a que el organizador dé los nombres.
Las imágenes difundidas por M6 muestran cómo en esas citas, con menús de entre los 160 y los 490 euros, no se respetan las restricciones sanitarias en vigor.
«Una vez que cruzas la puerta no hay covid. Queremos que la gente se sienta cómoda. Esto es un club privado. Queremos que la gente se sienta como en casa», indica una de las personas interrogadas, que recalca que la mascarilla tampoco es obligatoria para el personal que trabaja en ellas.
La polémica empieza a crecer en pleno inicio del tercer confinamiento en un año que afecta a todo el país para frenar el avance de la pandemia, que desde marzo ha provocado 96.493 muertos, según cifras de este sábado, y unos 4,7 millones de positivos. EFE
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