El porqué del secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda sigue siendo la principal interrogante del caso que comenzó la madrugada del 21 de febrero. Ni el gobierno ni el Ministerio Público saben qué fue lo que pasó con el exmilitar, ni menos cuál es su paradero.
Por La Tercera
Hasta ahora son tres las hipótesis en la indagatoria que dirige el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros: una operación de la Inteligencia venezolana; un eventual ajuste de cuentas por parte del crimen organizado; o bien que se trate de un autosecuestro, organizado desde la disidencia a Maduro.
El que aún no se tenga claridad sobre las motivaciones de los cuatro delincuentes que llegaron hasta el departamento de Ojeda para ejecutar el secuestro ya comienza a inquietar, tanto en el Ministerio Público como en La Moneda. Y es en este escenario que las miradas apuntan en dos direcciones: la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
En el ente persecutor -comentan fuentes de la institución- de entrada no gustó la manera de asumir el procedimiento. Por ejemplo, detallan que la PDI habría demorado cerca de dos horas en llegar hasta el departamento de Ojeda, ubicado en la comuna de Independencia.
Lo mismo ocurrió, detallan las mismas fuentes consultadas, al momento de encontrar el auto Nissan en el cual huyeron inicialmente los delincuentes con la víctima. El vehículo fue hallado por parte de efectivos de la Séptima Comisaría de Renca, a un costado de la Costanera Norte, una hora después del secuestro.
Carabineros custodió el auto desde las 4.00 de la madrugada hasta cerca de las 6.00 de la mañana. Fue allí que arribaron los primeros detectives para iniciar las diligencias ordenadas por el fiscal Barros.
Por lo mismo, de acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, desde Fiscalía ya han llamado la atención en más de una oportunidad a la policía civil. Tanto por la “tardanza” en reaccionar, así como también por “filtraciones” evidenciadas durante el proceso, ya que en el organismo liderado por Ángel Valencia aseguran que se ha puesto en riesgo la investigación.
Consultados por estos reproches, desde la Policía de Investigaciones declinaron hacer comentarios.
Las miradas sobre Marcó
Pero no solo la Fiscalía está preocupada, pues en La Moneda también existe cierta aprensión con el hecho de que el ente persecutor haya encendido las primeras alarmas certeras a las 10.00 de mañana del 21 de febrero, pues durante las horas previas todo estaba siendo abordado como un secuestro “común”, un ajuste de cuentas más entre residentes extranjeros.
De hecho, fue cerca del mediodía que el gobierno se entera de la magnitud del caso, algo que no solo atribuyen al Ministerio Público, sino que también a la ANI.
De la agencia no se supo hasta fines de la semana pasada, comentan en el Ejecutivo. Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó al director de la entidad, Luis Marcó, para citarlo a una reunión en La Moneda.
En la cita, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, se le pidieron informes sobre el perfil de Ojeda, sumado a la condición en que están los otros militares venezolanos en calidad de refugiados políticos.
Pero no se trató de una cita aislada, pues esta semana Marcó debió regresar hasta Palacio para informar estados de avance de su trabajo, en una especie de rendición de cuentas que le solicitó el Ejecutivo sobre el caso.
Existe en el gobierno la certeza de que la ANI debe ser reformada, y reestructurada, pues sus facultades no les permiten la autonomía necesaria para actuar en este tipo de situaciones. A pesar de eso, la evaluación que existe sobre su rol en esta indagatoria es deficiente.
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