La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo hoy que ve con preocupación que disminuyen las posibilidades de que las elecciones presidenciales previstas para noviembre en Nicaragua sean libres y genuinas ante las medidas que las autoridades están tomando contra candidatos y periodistas independientes.
Este organismo, con sede en Ginebra, recibió el pasado febrero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental) el encargo de hacer un seguimiento de cerca de todos los aspectos vinculados a los derechos humanos en el marco de la campaña electoral de Nicaragua.
«Hemos observado un situación inquietante en las últimas semanas», afirmó en una comparecencia ante la prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado.
Se refirió, por ejemplo, a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el partido oficialista- de una reforma electoral que pone de lado las demandas de la oposición, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya que rechaza incorporar garantías de imparcialidad por parte de los entes electorales.
Mencionó que esa reforma también contiene restricciones a la libertad de expresión, reunión y participación política, y ha permitido disolver dos partidos políticos bajo el pretexto de que actúan contra las normas internacionales.
Al revisar la ley, los expertos de la ONU han encontrado que la forma en que la reforma electoral ha sido redactada permite su utilización «para silenciar a la disidencia».
Entre los hechos que más preocupan a la Oficina de Bachelet está la apertura de una investigación penal contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro Barrios, acusada de lavado de dinero, y que ha alcanzado también a su hermano, dueño de un medio de prensa y que ha sufrido la confiscación de equipamiento diverso. Además, uno de sus empleados ha sido detenido.
Al mismo tiempo, la policía ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de líderes opositores, comentó Hurtado.
«Pedimos al Gobierno de Nicaragua que detenga este acoso, incluido el acoso judicial, contra la oposición y la prensa», dijo la portavoz en nombre de Bachelet.
En las elecciones del 7 de noviembre estarán en juego 42 años de primacía casi total del presidente Daniel Ortega sobre la política de Nicaragua. EFE
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