Las denuncias por la muerte de personas detenidas bajo la medida de régimen de excepción, implementada en El Salvador para ‘combatir’ a las pandillas, suman más 300, según dijo este martes Ingrid Escobar, representante de la organización Socorro Jurídico Humanitario.
EFE
Escobar indicó que estas denuncias han sido recabadas entre varias organizaciones humanitarias que atienden denuncias de atropellos.
Comentó a EFE que las organizaciones tienen confirmadas 158 muertes, de las que tienen «pruebas directas de los familiares», mientras que del resto existe temor de los familiares a compartir información o datos.
Señaló que únicamente el 8 % de estos fallecidos estaban perfilados como supuestos pandilleros, mientras que «el 92 % es gente inocente y trabajadora».
Agregó que también registran casos de personas que tienen a sus familiares como «desaparecidos», dado que las autoridades no dan cuenta de su paradero y no se les permiten las visitas.
«Esa gente creemos que está en fosa común y que no le han dicho a la gente», lamentó.
Recientemente, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que se archivaron 142 casos de muertes al interior de diferentes cárceles, porque «no constituyen delito».
«Hasta este momento, nosotros como fiscales hemos archivado 142 casos de la cantidad de personas que fallecieron, que fueron detenidas durante el régimen de excepción y que han fallecido en el interior de centros penales», manifestó Delgado en una entrevista en un canal local.
Un informe de la organización Cristosal de finales de mayo señala que entre las cientos de muertes identificaron patrones de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes.
Además se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y entre otros signos de violencia.
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