Grupos de derechos humanos instaron este viernes al esclarecimiento de la muerte de las dos niñas abatidas en 2020 en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), así como el paradero de una tercera desaparecida en el marco de ese hecho.
EFE
En el acto, una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, referentes de esos grupos denunciaron una inacción del Ministerio Público a la hora de investigar las muertes de las menores.
Ambas fallecieron el 2 de septiembre en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en un campamento de la guerrilla en los alrededores del pueblo de Yby Yaú (norte).
Por su parte, desde la Fiscalía incidieron en la audiencia en las denuncias tramitadas por casos de reclutamiento de menores por parte de la guerrilla y señalaron las investigaciones abiertas sobre los hechos como prueba de su compromiso.
Las menores tenían la nacionalidad argentina, según comunicó tras sus muertes el Gobierno de Argentina al paraguayo, quien sostiene que eran hijas de líderes del EPP y que fueron criadas en ese país por otros familiares.
EQUIPO FORENSE ARGENTINO
Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, dijo en su intervención que la demora de la investigación de la Fiscalía, la destrucción de evidencias, así como el «temprano» entierro de las víctimas, pueden «indicar a pensar» que hubo un encubrimiento de las autoridades.
Ayala también señaló una «cerrazón institucional» del Gobierno al rechazar el ofrecimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense de Argentina en aras de ayudar a la investigación.
En ese sentido, pidió al Gobierno a que se «abra» a esa posibilidad, y al Congreso a que establezca una comisión de investigación de las muertes, así como de todas las denuncias de violación de derechos que pesan sobre la FTC desde su creación en 2013.
Al respecto, el fiscal del caso, Federico Delfino, reiteró la versión de entonces de la Fiscalía, que justificó el inmediato entierro de los cuerpos atendiendo a los protocolos del coronavirus.
En el primer examen en la localidad de Yby Yaú, el forense fiscal determinó edades próximas a los 17 años, si bien un análisis posterior las estableció en 11 años.
Ello tras la exhumación de los cuerpos y una segunda autopsia en Asunción, después de que el Gobierno argentino comunicara esa edad y la nacionalidad de las víctimas.
Delfino se remitió a esas diligencias finales y recalcó que en los cuerpos «no existían restos de torturas y que estas personas no fallecieron por disparos de corta distancia».
Añadió que una de las dos armas incautadas a las menores determinó que fue disparada durante el operativo.
Antes, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se atuvo a las investigaciones de la institución y dijo que las «niñas estaban vestidas con equipos identificatorios de esa organización criminal».
Y agregó que «cuando uno está en zona de peligro es difícil distinguir quien es quien».
«El responsable no es el Estado paraguayo, el responsable son los familiares que dejaron ir a esas niñas al monte», dijo Quiñonez.
Al hilo, el senador Fidel Zavala explicó que si bien el Estado es «responsable subsidiario de los hechos», la responsabilidad final recae en las familias de las menores al ser llevadas por ellas al lugar donde murieron.
Zavala, que en el pasado fue secuestrado por el EPP y liberado tras el pago de una cantidad de dinero, dijo que ve «sesgo ideológico» en la audiencia y señaló la ausencia de familiares de víctimas de la guerrilla.
MENOR DESAPARECIDA
Miembros de grupos de derechos humanos de Argentina que participaron en la audiencia lamentaron una falta de iniciativa de la Fiscalía para investigar lo sucedido con la menor desaparecida y que habría resultado herida.
En ese sentido, la agente fiscal Carina Sánchez contestó que el pasado 26 de diciembre se iniciaron formalmente las diligencias para su búsqueda y que la institución está concentrada en ese objetivo.
El EPP, de orientación marxista y que propugna la defensa con las armas del campesinado pobre, se financia mediante secuestros, por lo general a productores agroganaderos de los departamentos de Concepción y San Pedro.
En septiembre del pasado año el grupo secuestró al exvicepresidente Oscar Denis, de 75 años, del que se sigue sin tener noticias.
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