Las personas críticas al régimen de Daniel Ortega se han visto obligadas a salir de la casa en forma encubierta para comprar alimentos, ir a trabajar o visitar familiares por temor a ser golpeadas por policías que los esperan afuera. En otras ocasiones, los adversarios políticos han sido arrestados y maltratados en cautiverio, donde a las mujeres se les ha obligado a hacer sentadillas desnudas sin más propósito que humillarlas.
Por Antonio Maria Delgado, El Nuevo Herald, Miami
Estas y otras manifestaciones de la gradual destrucción de las libertades civiles y políticas en Nicaragua fueron expuestas ésta semana por un informe de Human Rights Watch, que expone los esfuerzos del régimen de Managua por desarticular a las organizaciones civiles y partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
El informe de 38 páginas elaborado en base a los testimonios de más de 50 personas — incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos—hace un recuento de los últimos pasos adoptados por Ortega para aplastar a sus adversarios, incluyendo los recientes arrestos de los potenciales rivales en los comicios.
«No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW al presentar el informe, titulado: «Arremetida contra críticos en Nicaragua: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones».
«Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora antes de que sea muy tarde», agregó.
El informe develado el martes enfatiza que Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad y el régimen con frecuencia ordena a policías y militares a hacer guardia frente a la residencia de críticos para impedir que salgan de sus hogares.
Las víctimas en esencia se convierten en prisioneros dentro de sus propias casas y muchas de ellas dijeron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas, señaló el documento.
En las últimas semanas los ataques contra los opositores fueron en aumento en un aparente intento por inhabilitarles de cara a los comicios. Entre los hechos más relevantes se encuentran:
* Cristiana Chamorro está siendo investigada por presunto lavado de dinero y «falsedad ideológica», entre otros cargos. El Ministerio de Gobernación la acusó de utilizar fondos internacionales, enviados a través de una fundación que trabaja por la defensa de la libertad de expresión, para cometer «actos de terrorismo y desestabilización». El Ministerio Público luego anunció que Chamorro se encontraba inhabilitada para postularse a la presidencia por estar sujeta a un proceso penal. Posteriormente la policía allanó su casa y se dispuso su arresto domiciliario.
* Arturo Cruz Sequeira fue detenido por la policía al bajar de un avión procedente de Estados Unidos, por supuestamente «atentar contra la sociedad nicaragüense». Desde su detención, Cruz ha estado incomunicado en la Dirección de Auxilio Judicial (conocida también como cárcel de El Chipote), un centro de detención donde los detenidos han sufrido abusos en reiteradas ocasiones. Cruz prácticamente no ha tenido acceso a su abogado o familiares.
* Félix Maradiaga está siendo investigado por supuestamente «pedir intervenciones militares», «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», «demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos» e «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos». Al momento de preparación de este documento, se encontraba incomunicado y, al parecer, en la cárcel de El Chipote.
* Juan Sebastián Chamorro fue detenido el mismo día que Maradiaga. Se lo acusó de los mismos delitos. También se encontraba incomunicado y, al parecer, en El Chipote.
* El lunes, el periodista Miguel Mora, ex director del canal de televisión 100% Noticias, fue detenido bajo la ley de traición, convirtiéndose en el quinto potencial aspirante a la presidencia en ser arrestado por el régimen en las últimas semanas. La policía anunció que Mora quedó privado de libertad por incitar la influencia extranjera en asuntos internos de Nicaragua y por solicitar una intervención militar.
Las autoridades llevaron a cabo una ola de nuevos arrestos durante los días siguientes, y hasta el 14 de junio habían detenido a otros nueve reconocidos críticos del gobierno, resaltó el informe.
Al igual que Maradiaga y Chamorro, estas personas están siendo investigadas por presuntamente pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos.
«Los arrestos de prominentes líderes políticos y críticos junto con otras graves violaciones de derechos humanos (…) parecen formar parte de una estrategia gubernamental más amplia para reprimir el disenso, infundir temor y limitar la participación política», resalta el documento.
«En las condiciones actuales, los nicaragüenses enfrentan obstáculos enormes —y probablemente infranqueables— para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como de sus derechos a votar y a postularse a cargos públicos en elecciones libres y justas», agregó.
Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación nicaragüenses han informado sobre más de 400 casos que reflejan un patrón similar al que documentó Human Rights Watch. Estos abusos adquieren una importancia incluso mayor en el contexto electoral actual, dado que parecen estar orientados a limitar la participación política de críticos y opositores del gobierno.
Las personas víctimas de la persecución del régimen relatan que los policías que les obligan a permanecer en sus viviendas en ocasiones toman fotografías de las personas que entran o salen, a quienes además se les exige que presenten sus documentos de identidad.
Esas prácticas buscan desalentarles a participar en manifestaciones o actividades relacionadas con grupos opositores y también intimida a sus vecinos, señaló el informe.
Las víctimas explicaron que la policía permanece apostada frente a sus viviendas, a veces en forma intermitente, en ocasiones por períodos de algunas horas y, en algunos casos, durante días o meses. En algunos casos, la policía se presenta fuera de sus viviendas durante la noche y despierta a las personas con las sirenas de las patrullas, dijo.
Algunas personas dijeron haber sido detenidas de manera arbitraria por períodos que van desde algunos días hasta varios meses. Varias dijeron haber sido sometidas a tratos abusivos durante la detención que, en al menos dos casos documentados por Human Rights Watch, probablemente constituyan tortura.
Uno de los casos descritos por el informe es el de la estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años, quien fue forzada a subir a un vehículo policial sin que le ofrecieran ninguna explicación el 24 de abril de 2021.
En declaraciones recogidas por HRW, Sandoval relató que fue llevada hasta la cárcel de El Chipote, donde dos agentes «la llevaron a una especie de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza». Un oficial le preguntó qué había dicho en Estados Unidos, donde Valeska había intentado pedir asilo sin éxito antes de ser deportada de regreso a Nicaragua.
Valeska fue abofeteada por agentes antidisturbios, quienes además le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. «Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos», contó. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: «La próxima vez que te veamos, vamos a matarte».
Amenazas de ese tipo en ocasiones son repetidas en momentos de la liberación de los arrestados, a quienes se les advierte que podrían matarlas o volver a detenerlas.
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