A principios de junio, el solicitante de asilo José Muñoz decidió que era hora de huir a su natal El Salvador para salvar su vida, tras abandonar su caso y aceptar ser deportado de un centro de detención de inmigrantes en Texas, donde el coronavirus estaba arrasando con la población.
Mientras crecía el número de casos de COVID-19 en el Centro de Detención por Contrato de Houston -donde se han registrado 105 infecciones según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés)-, Muñoz dijo que sólo tenía una máscara de tela para protegerse.
El 1 de junio, había 375 detenidos alojados en la instalación, de acuerdo a datos de ICE.
Aunque a los 19 años normalmente no estaría en riesgo de complicaciones por la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, Muñoz se preocupó porque su colesterol alto, una comorbilidad encontrada en algunos pacientes que murieron, lo hacía vulnerable.
Meses antes, el estudiante salvadoreño había pedido asilo en Estados Unidos tras relatar que fue atacado por negarse a transportar drogas a una pandilla, a la que no quiso nombrar citando preocupaciones por su seguridad. Su abogado y una declaración jurada firmada por Muñoz y revisada por Reuters fueron consistentes con su historia.
Pero para junio, ya temía que su vida estuviera en riesgo, sabiendo que el próximo fallo en su caso de asilo tardaría meses si decidía seguir luchando.
“Sentí que era más peligroso que en mi país”, dijo en una entrevista telefónica el mes pasado desde El Salvador.
Reuters habló con más de 30 abogados, defensores de inmigración, detenidos y sus familiares, quienes dijeron que los riesgos de contraer COVID-19 dentro de las instalaciones de detención han llevado a las personas a buscar la deportación.
Quince abogados y defensores de inmigración, que en conjunto dicen han recibido cientos de solicitudes de detenidos que buscan abandonar instalaciones en ocho entidades estadounidenses por causas de salud, dijeron a Reuters que están viendo un alza en la cifra de personas que consideran abandonar sus casos.
Reuters encontró 12 detenidos que dejaron de pelear sus casos y, en cambio, aceptaron la deportación o la salida voluntaria debido a la pandemia.
Una portavoz de ICE dijo a Reuters que la agencia respeta los derechos de los inmigrantes a tomar decisiones sobre si perseguir o renunciar a sus casos.
Reuters no pudo determinar si el número total de personas que buscan deportación voluntariamente está en aumento.
Samuel Cole, de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que vio un alza en los inmigrantes que buscaron abandonar los centros de detención en los primeros meses de la pandemia, incluso si eso significaba desistir de sus casos.
“Definitivamente hubo encuestados que expresaron temor de enfermarse en detención y querían salir porque el miedo al COVID-19 estaba arrasando el país”, dijo Cole.
Acceso a mascarillas y alcohol en gel
EL ICE ha retrasado las operaciones de arresto y ha liberado a algunos inmigrantes en libertad condicional, pero ha sido criticado por trasladar detenidos entre las instalaciones durante la pandemia lo que, según ellos, es parte de su esfuerzo para frenar al virus y promover el distanciamiento social.
La agencia también ha sido criticada por deportar a más de 100 personas infectadas a sus países de origen. Los datos de ICE muestran que 2,742 personas en centros de detención y 45 empleados de la agencia han dado positivo al COVID-19.
Dos migrantes con la enfermedad han muerto en sus instalaciones. Miles de personas que podrían ser más vulnerables si se infectan permanecen bajo custodia, según datos de ICE incluidos en una presentación judicial del 24 de junio.
La portavoz de ICE dijo que la agencia sopesa los antecedentes penales de una persona, la amenaza potencial para la seguridad pública y el riesgo de que vuele, así como cualquier preocupación de seguridad nacional, al evaluar si se le otorga la libertad.
Un migrante entrevistado para esta historia dio positivo por COVID-19 mientras estaba detenido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Nuevo México, según ICE.
Un segundo migrante tuvo igual resultado a la prueba el 14 de mayo, según El Rio Health en Arizona. El mismo día, documentos estadounidenses revelaron que fue liberado de la custodia de ICE.
Muchos de los 14 detenidos actuales y anteriores entrevistados por Reuters dijeron que no tenían acceso a productos de higiene como jabón de manos y desinfectantes.
Seis dijeron que estaban expuestos a otros que tenían fiebre, tos persistente o dolor de cuerpo, que pueden ser síntomas del virus.
Un detenido actual dijo que aquellos que externaron sus quejas relacionadas a problemas de salud fueron castigados con confinamiento solitario, un reclamo del que se hicieron eco abogados y defensores que trabajan en centros de detención en cuatro estados estadounidenses.
“ICE respeta plenamente los derechos de los detenidos a expresar sus preocupaciones sin interferencia y no toma represalias de ninguna manera”, dijo a Reuters la portavoz de la agencia.
Una segunda portavoz de ICE dijo que la agencia proporcionó jabón en áreas de lavado y desinfectante en todos los centros “siempre que fue posible”, y agregó que esa agencia migratoria había tomado medidas para mitigar la propagación de COVID-19 y “salvaguardar la salud y el bienestar de los detenidos, el personal y otros en nuestros centros de detención”.
“He llegado a pensar que es una estrategia para hacer que la gente diga: ‘Tengo miedo a la muerte, no puedo soportarlo más, solo depórtarme’”, aseguró Margo Cowan, supervisora de la Oficina del Defensor Público del Condado de Pima en Arizona.
La primera portavoz de ICE dijo a Reuters que la agencia respeta plenamente los derechos de los inmigrantes al debido proceso. “Cualquier extranjero que tenga un reclamo de auxilio, protección legal o base para permanecer en Estados Unidos puede permanecer legalmente en Estados Unidos”, sostuvo.
Un informe de vigilancia interna del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, basado en una encuesta de 188 centros de detención de ICE, muestra que alrededor del 90% de estas instalaciones dijeron que tenían suficientes mascarillas y jabón líquido para los detenidos. Más de un tercio informó que no tenía suficiente gel antibacterial.
El 12% de las instalaciones confesaron que no tenían la capacidad de aislar o poner en cuarentena a un detenido que dio positivo a pruebas para COVID-19. Varias instalaciones reconocieron que el distanciamiento social era un desafío dadas las restricciones de espacio.
«Estoy en el abismo»
Patricia Jiménez, una solicitante de asilo mexicana que dijo que huyó a Estados Unidos tras haber sido secuestrada por pistoleros desconocidos, decidió abandonar su caso y buscar la deportación a medida que el coronavirus se extendía por el centro de detención Eloy, en Arizona.
Este centro de detención ha reportado 222 casos de COVID-19, el segundo brote más grande en instalaciones de ICE.
“Es que a mí me da mucho miedo de enfermarme y al final no poder ver a mi hijo”, dijo a Reuters en una llamada a fines de junio desde el centro, donde espera ser deportada. “Pero en este momento me da más miedo estar aquí”.
Lucas Castro, un solicitante de asilo mexicano con diabetes, enfermedad que hace a las personas vulnerables a las complicaciones del COVID-19, dijo que también solicitó la deportación al temer más por su vida en detención que en casa, donde dijo que fue brutalmente golpeado por narcotraficantes el año pasado.
Ocho migrantes, incluido Castro, dijeron a Reuters que los funcionarios trataron de usar las preocupaciones de salud de los detenidos para presionarlos a aceptar su deportación.
En las instalaciones correccionales de La Palma en Arizona donde se encontraba, Castro dijo que los detenidos con frecuencia solicitaban información sobre la pandemia y si les podían otorgar libertad condicional humanitaria u otras formas de liberación.
“Siempre llegaba un oficial de deportación y lo único que nos decía era que si nosotros de verdad teníamos miedo, deberíamos pedir nuestra deportación”, relató Castro.
El migrante confesó que su miedo al virus lo llevó a pedir la deportación a un juez, que registros de Estados Unidos demuestran fue ordenada a fines de mayo.
La segunda portavoz de ICE dijo que la agencia no tiene la política de alentar a los detenidos que plantean problemas de salud relacionados con COVID-19 a firmar la deportación.
Las dificultades relacionadas con la pandemia dentro del sistema de inmigración también han retrasado la repatriación de algunos migrantes.
El solicitante de asilo guatemalteco Timoteo Vicente dijo que eligió no apelar un fallo negativo en su caso en marzo, en parte porque consideraba que la atención médica en el Centro de Procesamiento de ICE Tacoma, en el estado de Washington era inadecuada, lo que lo hizo preocuparse por su capacidad para responder a la pandemia.
En un comunicado, un representante de GEO Group, la compañía que contrata ICE para administrar las instalaciones, dijo: “Asumimos nuestra responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de todos los que están bajo nuestro cuidado y nuestros empleados con la mayor seriedad”.
Tres meses después, Vicente todavía está detenido esperando su deportación. “Ahora estoy en el abismo”, dijo a Reuters en una llamada telefónica. “No sé qué va a pasar”.
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