No es la primera vez que el despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Alcogal ha estado vinculado a escándalos de corrupción.
Según los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo, el pequeño despacho ha jugado un papel destacado en la creación de empresas en el extranjero para 160 políticos y personas con cargos públicos.
Durante las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en «un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica» -y de otras partes del mundo- que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra la filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La empresa sirvió de intermediaria empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos.
Entre sus clientes ha habido expresidentes panameños y exfuncionarios de alto rango de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros.
Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal, una empresa fundada por Jaime Alemán en 1985, quien en esa ápoca reclutó a otros tres abogados: Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee.
El despacho de abogados también ha prestado servicios a personas implicadas en algunos de los escándalos de corrupción más destacados de la historia reciente en América Latina, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como la presunta salida de recursos fiscales desde Venezuela al extranjero.
«Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia», le dice a BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.
Maira Martini, investigadora de operaciones de lavado de dinero de la organización sin fines de lucro Transparency International, le confirma a BBC Mundo que los clientes del bufete de abogados han estado relacionados con algunos de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.
Habitualmente Alcogal, señala Martini, «no realiza preguntas a sus clientes y hace la vista gorda en relación a las actividades que estos realizan».
«Aunque los Pandora Papers no prueban que Alcogal estuvo directamente involucrada en actividades ilegales, levanta una bandera roja para que sean investigados por la justicia», apunta.
«Pleno cumplimiento de todos los requisitos»
La investigación de los Pandora Papers, que se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales, señalan que existe una «economía en la sombra» a la que acceden personas ricas y poderosas.
«Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales», afirma la ICIJ.
En una carta dirigida al consorcio de periodistas, Alcogal declara que la constitución de empresas «es solo un aspecto» de sus servicios legales y que opera en «pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos».
La empresa «lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio», se afirma en la misiva.
200 empresas ficticias
Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de PDVSA.
El gobierno de Estados Unidos incluyó al banco en su lista negra como una «preocupación principal por el blanqueo de capitales».
La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión en aquella lista negra en 2015.
La familia Martinelli
También a petición del BPA, señalan los documentos filtrados, Alcogal creó dos empresas que luego fueron presuntamente utilizadas por Odebrecht para canalizar US$30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá.
Parte del dinero fue a parar a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes.
Los hijos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado.
Los Martinelli niegan las acusaciones.
Los documentos también muestran Alcogal registró dos empresas propiedad del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, su hermano, su padre, y otros asociados.
Cuando Varela era presidente, la prensa local publicó que una parte de su campaña fue financiada con recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero, acusación que el exmandatario rechaza.
Alcogal determinó en aquel entonces que el caso no requería seguir siendo investigado.
Según el ICIJ, los fundadores y socios de Alcogal «forman parte de la misma clase política a la que presta servicios su empresa. Ellos han entrado y salido del gobierno panameño y de posiciones políticas por décadas».
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