El Parlamento de El Salvador ha vuelto a prorrogar este martes el estado de excepción para hacer frente a las pandillas en el país, lo que supone la vigésimosegunda extensión de este régimen especial que ha llevado a la detención de decenas de miles de supuestos pandilleros en el país centroamericano.
Por Infobae
La Asamblea Legislativa ha dado luz verde a la medida con los votos a favor de 67 diputados “para continuar la guerra contra las pandillas y acabar con estas estructuras criminales que tanto dolor han causado a los salvadoreños”. Esta aprobación sustituye a la extensión aprobada anteriormente.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha subrayado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que el apoyo de los diputados que están a favor de continuar con el régimen de excepción es “fundamental para el éxito” de las estrategias de seguridad”.
“Este es un trabajo articulado, y bajo las instrucciones del presidente, Nayib Bukele, vamos a seguir desarticulando e impactando frontalmente a las pandillas. En este país las estructuras criminales no tienen cabida”, ha agregado el titular de la cartera ministerial.
La medida ha levantado la polémica, especialmente a nivel internacional, y ha llevado a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a alertar de que en al menos 3.500 detenciones se han vulnerado estos derechos. Además, acusan a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo arrestos arbitrarios y sitúan en 185 las muertes registradas en las cárceles del país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.
La medida ha levantado la polémica, especialmente a nivel internacional, y ha llevado a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a alertar de que en al menos 3.500 detenciones se han vulnerado estos derechos. Además, acusan a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo arrestos arbitrarios y sitúan en 185 las muertes registradas en las cárceles del país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.
La ampliación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuido a las pandillas o maras, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados y ante críticas de la oposición.
La nueva extensión entrará en vigencia el 12 de enero, previo a su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos durarán hasta el próximo 10 de febrero.
El presidente del Congreso y ex secretario de Bukele, Ernesto Castro, dijo horas antes de la votación, a preguntas de la prensa, que la idea de que este régimen es una amenaza contra opositores o una propaganda oficialista “es una percepción que solo los delincuentes tienen”.
Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos y quien votó en contra de la ampliación de la medida, aseguró que “el régimen de excepción no es una política de seguridad, es la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreño y esa diferencia hay que marcarla bien”.
“Sí es cierto que muchos de pandilleros han sido capturados, pero también es cierto que muchas personas inocentes han sido capturadas y cientos de personas inocentes han muerto bajo custodia del Estado”, indicó.
Señaló que “es cierto que ahora se aprecia un poco más de seguridad, pero también es cierto que autoridades del Gobierno liberaron a un pandillero y permitieron que escapara a México, esto también es cierto”.
“No se respetan los procesos en los tribunales y una persona puede quedar fácilmente, siendo inocente, desaparecida dentro de un centro penitenciario (cárcel), esto también es cierto”, añadió.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
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